INTRODUCCIÓN: A REFUNDAR LA NACIÓN.

El pueblo de México vive hoy una de las peores crisis de su historia. Las reformas neoliberales que la gran burguesía y sus gobiernos han venido aplicando desde los años 70 dieron lugar a una crisis de desarrollo social y han puesto en riesgo la existencia de la nación mexicana, su independencia y su soberanía.
Durante las últimas tres décadas la pobreza ancestral que ha padecido nuestro pueblo se profundizó. Hoy existen unos 70 millones de pobres, alrededor de 40 millones de ellos en la pobreza extrema, imposibilitados de ver cubiertas sus necesidades elementales de subsistencia.
A lo largo de este tiempo los salarios y los derechos laborales, de por sí raquíticos, se han derrumbado. Hoy el trabajo informal, la sobreexplotación, la precarización laboral y los atentados a los contratos colectivos y a los sindicatos son el pan de cada día. Masas gigantescas de trabajadores agrícolas y de indígenas han perdido sus exiguos terrenos; millones deambulan y languidecen en un país que les niega todo derecho, toda posibilidad de vida. Los jóvenes, que en su gran mayoría carecen de empleos y de todo porvenir, han sido obligados a huir al extranjero. Cada año, más de 400 mil mexicanos cruzan la frontera norte de nuestro país.
De seguir las cosas como van no existe posibilidad alguna de mejoría social para el grueso de los mexicanos pobres. Es más, el futuro de los trabajadores que hoy gozan de alguna seguridad social y laboral es absolutamente incierto.
El capitalismo neoliberal viene despojando de cuanto es posible a los trabajadores, a la población pobre, pero también a la Nación. Los grandes capitalistas mexicanos asociados a las empresas extranjeras se vienen apoderando de la tierra, de los sistemas financieros, de los recursos energéticos, de los espacios educativos, de la seguridad social, de los servicios públicos, la telefonía, los aeropuertos, las carreteras y las principales empresas de bienes y servicios del país.
A la par que desnacionalizan la planta productiva, los grandes empresarios, el gobierno y su clase política han terminado por entregar buena parte de los restos de la soberanía nacional a las potencias extranjeras, especialmente a los Estados Unidos. En la actualidad, el Ejército mexicano y las policías nacionales se han convertido en fuerzas de ocupación al servicio del capital trasnacional.
A todo esto debemos sumar el deliberado esfuerzo de los enemigos del pueblo por destruir la cultura nacional, las tradiciones democráticas y libertarias de los mexicanos y su sentido de dignidad.
El sistema político mexicano también se encuentra en crisis. La ilegitimidad y la ilegalidad del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son evidentes y se expresan en el abstencionismo que va de la mano con procesos electorales fraudulentos y antidemocráticos, con partidos y candidatos envueltos en la corrupción, financiados por el capital extranjero, el narcotráfico y empresarios corruptos. El Ejecutivo viola la Constitución y lucra con el presupuesto y los bienes nacionales, mientras el sistema judicial, las fuerzas militares y policíacas se debaten en la corrupción y en las complicidades con una Presidencia escandalosamente servil hacia el gobierno estadounidense.
La burguesía y sus partidos, a través de las leyes y del Instituto Federal Electoral (IFE), impiden el ejercicio de los derechos electorales. Los requisitos, las trabas económicas y todo tipo clientelismos, sirven para mantener el monopolio de los partidos con registro. El pueblo de México no tiene ninguna posibilidad legal de participación independiente y democrática en los comicios electorales. Sin embargo, la antidemocracia no se queda ahí, también baña al conjunto de la vida social. Los sindicatos, las organizaciones agrarias, populares y civiles son presas de las agresiones y de los controles estatales. El clientelismo, la corrupción y la violencia oficial y privada, se imponen como la realidad cotidiana de los mexicanos.
La llegada de Vicente Fox y de su partido al gobierno federal, acentuó los rasgos autoritarios y fascistas del viejo régimen. El Estado policiaco militar sigue abriéndose paso a pesar de las mascaradas electorales. En ese proceso, los medios de comunicación masiva y las técnicas del espectáculo, así como el consumo y el tráfico de drogas adquieren un papel estratégico para mantener la dominación de la oligarquía mexicana y del capital trasnacional del que forma parte.
Ante este panorama, las soluciones a la crisis general de la Nación sólo pueden venir del pueblo mismo. Los vendepatrias no pueden ser los salvadores de la patria, ni los corruptos ejemplo de rectitud. El régimen político debe ser derribado para dar paso a la democracia. Sólo un gobierno surgido de la lucha popular que desmantele los soportes del poder económico, político y cultural de los grandes ricos es el que puede enfrentar la crisis que vivimos.
Únicamente desde la resistencia del pueblo, desde sus historias de rebeldía y dignidad personificadas en Hidalgo, Morelos, Villa, Zapata y Flores Magón, es como podrá construirse la República de los hombres y mujeres libres e iguales. El lugar en que los trabajadores y pobres de México se reconocen como personas dignas, como individuos que en comunidades y colectivos, batallan por la emancipación del pueblo mexicano y de los pueblos del mundo.
A esto convocamos hoy, a refundar la Nación haciendo realidad la soberanía nacional, la democracia con el poder del pueblo, la justicia social y la independencia económica.
I. POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
La Constitución mexicana de 1917 es un documento histórico que refrenda la tradición emancipadora de nuestro pueblo y recoge en gran medida las aspiraciones de una nueva nación con justicia, libertades, derechos sociales e independencia nacional. Hoy la Constitución de 1917 y el Proyecto de Nación dibujado en ella han sido abandonados; a cambio, la oligarquía y su clase política nos ofertan un futuro sin derechos sociales, de subordinación y sin independencia. Por ello, es urgente recuperar nuestra soberanía nacional; bajo los siguientes principios:
1. La Soberanía nacional reside en la autoridad suprema del pueblo de México para decidir el destino de la Patria.
2. El territorio y los recursos naturales son patrimonio exclusivo de la Nación.
3. Nuestra historia, nuestras lenguas y culturas integran la identidad sobre la que se funda la Nación.
4. Nuestra Nación se reconoce en su carácter multiétnico y pluricultural, por lo que el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se constituye en pilar y fundamento de la Nación.
5. El reconocimiento del principio de la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto y la solidaridad entre las naciones y la solución pacífica de los conflictos entre países.
6. Para el restablecimiento de nuestra soberanía e independencia:
a) Se eliminará la subordinación económica, política y militar de México respecto al imperio estadounidense y a los centros financieros internacionales como la OMC, la OCDE, el FMI y el BM.
b) Se derogarán todos los tratados comerciales y militares que lesionen la soberanía como son el TLC y el PPP, rechazando la firma de nuevos pactos de subordinación como es el ALCA y los proyectos de control militar norteamericano.
7. El nuevo Estado mexicano debe basar sus relaciones con otros países, bajo los siguientes lineamientos de Política Internacional:
a) Pugnar por un nuevo orden mundial basado en la justicia, la paz, la democracia, la dignidad y la sustentabilidad.
b) Promover la creación de una gran Nación fraterna y solidaria, con todos los pueblos de América Latina y el Caribe.
c) Establecer lazos de cooperación, solidaridad y fraternidad con todos los pueblos de la tierra para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática; una sociedad verdaderamente humana donde todos los hombres puedan satisfacer plenamente todas sus necesidades físicas y espirituales.
d) Impulsar la democratización de la ONU, eliminando el Consejo de Seguridad y el derecho de veto que actualmente tienen cinco países.
II. POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO.
Para dar soporte a los derechos del pueblo necesitamos crear las condiciones que posibiliten el crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza social entre todos los mexicanos. Para ello proponemos:
Una Economía Social
1. La construcción de una planta productiva nacional que sea capaz de garantizar los bienes de consumo básico, materiales y culturales, de una sociedad moderna, como alimentos, transportes, vivienda, medios de comunicación, servicios de salud, educación, cultura y esparcimiento. Así como la producción de bienes de producción para las ramas de la energía, petroquímica, metalúrgica, máquinas y herramientas, telecomunicaciones, ferrocarriles, automotriz, aviación, electrónica, biotecnología, farmacéutica, navíos, entre otros.
2. El diseño de una política de impulso al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología.
3. Una planificación y rectoría económica ejercida por la sociedad y por los nuevos órganos de poder del pueblo, sostén del nuevo Estado mexicano, que haga realidad la administración pública y social de las empresas propiedad de la Nación.
4. La propiedad plena de la Nación sobre sus recursos naturales y energéticos. Así como de PEMEX, la CFE y la CLyFC.
5. El rescate de las empresas e industrias estratégicas que fueron privatizadas por los gobiernos neoliberales para convertirlas en propiedad de la Nación y en palanca de desarrollo económico.
6. La nacionalización de las empresas monopólicas: industriales, bancarias, comerciales y de servicios de las ramas estratégicas de la economía. Y la creación de un sistema financiero público y social que las integre.
7. La expropiación de los latifundios y la distribución de la tierra entre los campesinos pobres.
8. La autosuficiencia y soberanía alimentaría, construida a partir de nuevas formas de cooperación y de producción social en el campo que posibiliten el desarrollo en gran escala de biotecnologías que no atenten contra la naturaleza. Así como el apoyo en maquinaria y equipo, asesoría técnica, financiamiento, comercialización y adquisición de fertilizantes y el impulso a la agricultura orgánica.
9. El impulso y desarrollo de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria y de represas sin la afectación de derechos de los pobladores.
10. El desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el campo, la ciudad y los litorales, promoviendo la participación de los trabajadores en sus planes de inversión, producción y comercialización.
11. La creación y el impulso de redes comunitarias de producción, comercialización y almacenamiento.
12. El respeto íntegro a los Acuerdos de San Andrés.
Lineamientos de Política Económica.
1. El impulso y ampliación de la industria nacional y del mercado interno.
2. El incremento de la inversión social en servicios públicos de transporte, agua, luz, drenaje, pavimentación, comunicaciones, en todas las poblaciones del país.
3. La cancelación de la deuda externa e interna, especialmente de la adquirida por el rescate bancario (IPAB/Fobaproa), carretero, azucarero, así como de los Contratos de Servicios Múltiples y los Pidiregas.
4. La cancelación de todos los acuerdos que lesionen los intereses económicos de la Nación mexicana, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, así como el rechazo a la instrumentación del Plan Puebla Panamá y a la firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Estableciendo acuerdos comerciales de beneficio mutuo entre las naciones.
5. La creación de un sistema fiscal que grave a los que más tienen.
6. Por un presupuesto orientado prioritariamente al gasto social y a la inversión productiva.
7. El impulso de la integración económica de América Latina y el Caribe y la creación de un mercado común.
III. POR UNA DEMOCRACIA POPULAR
En la lucha por lograr la Soberanía Nacional, la Democracia Popular y la Justicia Social, el actual Estado antidemocrático, debe ser reemplazado por un nuevo Estado de carácter democrático y popular que garantice las libertades y el ejercicio pleno de los derechos políticos del pueblo, así como un sistema distinto de aplicación de la justicia.
Por lo anterior, dado que , “la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, como lo establece el artículo 39 de la actual Constitución, se propone convocar a un nuevo Congreso Constituyente que refunde a nuestra patria y elabore una nueva Constitución. El desarrollo de este proceso de refundación debe sustentarse en los siguientes principios:
1. La voluntad del pueblo mexicano de constituirse y hacer efectiva una República Federal, Democrática y Representativa.
2. Nuevas formas de representación y mecanismos de democracia directa para la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Promoviendo como base de la nueva institucionalidad la Asamblea y la Iniciativa Popular, el referéndum y el fortalecimiento de las comunidades y las regiones.
3. La nueva institucionalidad estará basada en la justicia, deberá garantizar el control de todos los gobernantes a través del mecanismo de la revocabilidad, deberá garantizar, asimismo, el derecho al autogobierno y el ejercicio autonómico de las colectividades locales, mediante un proceso de redistribución de los poderes públicos hacia las entidades locales y las regiones, con la participación directa de la población.
4. Un nuevo sistema de impartición de la justicia basado en la participación popular.
5. El respeto a las libertades fundamentales y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tanto individuales como colectivos.
6. La democratización en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, en los medios de comunicación, que garantice el pleno derecho a la información; la erradicación del corporativismo en las organizaciones de trabajadores, de campesinos y de profesionistas, para hacer posible el ejercicio democrático en todas las esferas de la participación social, así como la participación democrática en los gobiernos de las instituciones públicas de educación superior y en las empresas públicas de la Nación.
7. La renovación general de las Fuerzas Armadas que haga posible un nuevo Ejército de carácter y esencia popular.
8. Una nueva Cultura política fundada en la ética y la responsabilidad pública.
9. Igualdad de derechos y participación equitativa entre los géneros.
El Congreso Constituyente debe estar conformado por los representantes de todas las clases y sectores sociales: obreros industriales y agrícolas, trabajadores de los servicios y el comercio, de los campesinos, indígenas y pescadores, de los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, de las organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, ecologistas, de género, de jóvenes y estudiantes, de comunidades eclesiales, entre otros.
IV. DE LA JUSTICIA SOCIAL.
A lo largo de su historia y de sus luchas, el pueblo de México y los trabajadores han conquistado derechos sociales, reconocidos y plasmados en la Constitución, que son de naturaleza universal y de carácter irrenunciable.
Para lograr la justicia social y condiciones de vida digna para todos los mexicanos, es necesario ratificar la vigencia de los derechos sociales alcanzados y ensanchar el horizonte de estos derechos, bajo los siguientes lineamientos:
Derechos universales
1. A la alimentación.
2. A la asistencia médica y medicinas gratuitas para todos los mexicanos, eliminando el carácter mercantilista de la medicina, rescatando e impulsando la medicina alternativa a la luz de los avances científicos.
3. A una vivienda cómoda e higiénica y a participar en la planificación del desarrollo urbano.
4. A una educación gratuita, laica, democrática y nacionalista en todos los niveles, basada en los progresos del conocimiento científico, que contribuya a desarrollar los ideales de fraternidad e igualdad de la humanidad.
5. A un trabajo digno y socialmente útil.
6. A una pensión por vejez o invalidez y acceso a la infraestructura necesaria para el bienestar, cuidado y desarrollo de los ancianos y minusválidos, con pleno respeto a sus derechos.
7. A la emancipación de la mujer en todas las esferas de la actividad social. A la plena equidad en derechos y oportunidades respetando la diversidad cultural, racial, sexual y generacional. A decidir sobre el propio cuerpo y a planificar su vida. Al combate de toda forma de discriminación, del hostigamiento sexual y castigando severamente a los violadores.
8. A la libre manifestación de las ideas y al acceso a los medios de comunicación, individual y colectivamente.
9. A la libertad de creencia religiosa y a su práctica en los centros de culto y domicilios particulares en el marco de la separación entre las iglesias y el Estado.
10. Al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Derechos laborales
1. A un salario cuyo monto mínimo sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de sus hijos.
2. A percibir salario igual por trabajo igual.
3. A una jornada máxima de trabajo de 6 horas, 5 días a la semana.
4. A recibir un seguro por desempleo.
5. A trabajar en un ambiente seguro e higiénico.
6. A recibir capacitación para el trabajo, como parte de la jornada laboral.
7. A prestaciones sociales que garanticen el desarrollo integral de los trabajadores en los campos de lo social, cultural y recreativo.
8. A la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
9. De asociación para la defensa de sus intereses comunes.
10. De huelga.
11. A pensiones dinámicas por invalidez, vejez, muerte, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. A licencias por maternidad prenatales, postnatales y para cuidados especiales con salario y prestaciones íntegras.
12. Profundizar el carácter tutelar de las leyes laborales e instituir mecanismos rápidos para lograr la justicia laboral, así como definir sanciones contra los patrones que violen los derechos laborales.
Derechos de los campesinos, de los pueblos indios y de los migrantes
1. A la tierra y los recursos financieros y materiales para su explotación racional, así como garantías para la comercialización de los productos agrícolas.
2. A la autonomía, respeto a las formas de gobierno y usos y costumbres de los pueblos indígenas y todos los derechos reconocidos en los Acuerdos de San Andrés.
3. De todos los migrantes a ser protegidos por el Estado mexicano.
Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo.
México, D.F., a 18 de octubre de 2004.