Una visión diferente de la economía mexicana debe tender a la construcción de un nuevo patrón de desarrollo económico distinto al neoliberal, cuyos objetivos fundamentales sean garantizar el acceso a oportunidades equitativas de empleo apropiado e ingresos suficientes a todos los trabajadores, y para ello, usar sustentablemente los recursos naturales del país, de manera que se salvaguarde su disfrute por las generaciones presentes y futuras.

Esta economía debe garantizar el crecimiento sostenido y sustentable del sector productivo, mediante la promoción del mercado interno y la economía popular, la integración del sector informal y la reconstrucción de las economías regionales y locales. Para lograr este desarrollo, el Estado debe ser sólido, eficiente, contar con finanzas públicas sanas y suficientes para promover el crecimiento económico y sustentar el desarrollo social, y rendir cuentas a la sociedad organizada.

La equitativa distribución de los frutos y beneficios entre todos los sectores y actores productivos, será la base necesaria de la estabilidad de esta nueva economía.

1. Armonía del mercado, los derechos de la sociedad y las responsabilidades del Estado.

El mercado ha demostrado su incapacidad para solucionar los problemas asociados al desempleo, la desigualdad del ingreso, la carencia de servicios sociales, la pobreza, la inequidad y la exclusión social, cuya solución corresponde al Estado.

La libertad individual en todas sus manifestaciones, políticas, sociales y económicas es un bien que debe preservarse, pero no podemos hacerlo a expensas de lo público, que permite organizar y ordenar la vida colectiva. Lo público, que no debemos identificar a lo estatal, tiene que tomar un nuevo lugar en el pensamiento social y en la práctica política que se expresa en la gestión de gobierno. Refundar lo público como uno de los ejes de la organización social requiere de un nuevo cuestionamiento sobre la naturaleza y el papel del Estado, pues cualquier transformación dentro del orden social capitalista exige de la acción del Estado.

Se requieren reformas, con la finalidad de impulsar el crecimiento de la economía, el empleo y los ingresos de la población trabajadora, y para avanzar en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social, objetivos que no han sido garantizados por el ajuste neoliberal. Dichos cambios se refieren a la política económica general y sectorial, a la reforma fiscal, a la reforma laboral y a la reforma energética. Los cambios deberán diseñarse para que el Estado asuma un mayor compromiso con las demandas e intereses de la mayoría de la población.

Tenemos que realizar una amplia discusión para lograr los acuerdos políticos y sociales que permitan poner fin a la parálisis del Estado y generar los apoyos necesarios para llevar a cabo las reformas necesarias, no como resultado de mayorías legislativas precarias, sino como producto de un auténtico consenso social y político.

Crecimiento económico, equidad social y libertades políticas deben ser la prioridad de la agenda de un nuevo gobierno. Ninguno sustituye o tiene prioridad sobre los otros y deben impulsarse simultáneamente.

2. Promoción del crecimiento económico con más y mejores empleos

El desarrollo económico del país requiere que la economía crezca. Es urgente que la economía retome una dinámica de crecimiento que permita aumentar el PIB un 6% anual promedio. Solo así será posible crear al menos el millón de nuevos puestos de trabajo al año que demandan los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado laboral. Alrededor de 23 millones de mexicanos se encuentran en el subempleo y la precariedad laboral, debido al escaso dinamismo de la economía experimentado durante el periodo 1983-2004 y a las crisis recurrentes, que provocaron que millones de personas no tuvieran la oportunidad de acceder a un empleo formal.

Los dos grandes propósitos de la economía deben ser: crecimiento económico y generación de empleos bien pagados.

Lo anterior hace indispensable una política activa en materia de empleo y la necesidad de alcanzar un mayor nivel de educación, con más calidad, que beneficie a los jóvenes para que ingresen en mejores condiciones al mercado laboral, así como para que aquellos trabajadores ubicados en la informalidad o en el autoempleo, estén en condiciones propicias para ocupar los puestos de trabajo creados en el sector formal de la economía.

En la generación de nuevo empleo y la superación de la precariedad e informalidad, deben converger todos los instrumentos de política económica que forman parte de esta propuesta, además de una política educativa formal y de capacitación laboral de alta calidad orientada a aumentar la productividad del trabajo y a dar la experiencia necesaria para el ingreso al trabajo formal, que deberá ser abordada en forma conjunta por el sector público, el privado, el social y el sindicalismo, mediante concertación y acuerdo multi sectorial.

Dada la situación de la gran mayoría de los trabajadores mexicanos, proponemos también un programa emergente de reactivación económica, basado en la inversión pública, con las siguientes líneas prioritarias: a) un Programa de Obra Pública necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social, considerando sus efectos multiplicadores en la demanda y la inversión total nacional, y en la generación de empelo; b) programas de micro crédito, focalizados hacia formas asociativas y cooperativas, complementados con programas de educación y capacitación, que apunten sobre todo a la formación productiva de la mujer; c) aumento de las partidas destinadas al desarrollo rural, en particular al crédito a los productores campesinos, la infraestructura productiva, el acceso a la tecnología y a enfrentar los riesgos de la apertura comercial del sector; d) incremento de las partidas destinadas a la educación, la salud y seguridad social para superar el rezago en estas materias, pues el fomento de la equidad y la lucha contra la pobreza deben empezar con programas educativos y de salud para los niños; y d) la elevación de los fondos participables a estados y municipios.

3. Recuperación del poder adquisitivo del salario y seguridad en el empleo.

Un rasgo característico del mercado de trabajo mexicano, que incluye a la economía formal y a la informal, son los bajos salarios reales. Se requiere aumentar la creación de nuevos puestos de trabajo bien remunerados, estables y con las prestaciones de seguridad social que señala la ley, lo que permitiría una mejor distribución del ingreso. Para impulsar el crecimiento del salario real será necesario continuar con la reducción de la inflación y aumentar la productividad laboral y de la economía, para que las remuneraciones de los asalariados crezcan por arriba de la inflación.

Mediante la concertación entre los agentes económicos y el Estado, se podrían acordar alzas salariales que permitirían preservar la competitividad de las unidades productivas asociada a una mejora en las remuneraciones reales de los trabajadores, lo cual sería benéfico para el desarrollo del mercado interno, y se traduciría en la elevación de las condiciones de vida de la población. Una premisa esencial es que los aumentos a los mínimos no serían superiores a los de la productividad de los trabajadores, para evitar la pérdida de competitividad de las empresas y garantizar su supervivencia en el mercado, junto con los empleos que generan. Sin afectar el control de la inflación, es necesario recuperar paulatinamente la capacidad de compra real de los salarios, para dinamizar la demanda interna y crear un círculo virtuoso entre recuperación del salario, crecimiento de la demanda, impulso a la producción y el comercio, creación de empleo bien remunerado y estable y aumento del ingreso de los hogares.

Debemos avanzar hacia la creación del salario y el seguro de desempleo y la reducción de la jornada laboral, sin disminución del salario. La legislación deberá propiciar formas de cobertura para los trabajadores informales, como beneficio en caso de regularización fiscal.

Parte fundamental de una reforma laboral es la democratización de los sindicatos. El corporativismo, usado para mantener el control y el sometimiento de los trabajadores a las decisiones gubernamentales, no tiene cabida en tiempos de democracia, globalización y alta competitividad de las empresas. Se necesitan empresas fuertes, pero también sindicatos fuertes, para que, gracias al equilibrio, los beneficios de la producción se distribuyan con equidad entre empleadores y trabajadores.

4. Revitalización del mercado interno e impulso al sector exportador

Para revertir en forma durable las tendencias de la economía mexicana que han contraído el mercado interno, se requiere de un esfuerzo institucional y de organización orientado a poner en pie una política activa de desarrollo nacional que deje atrás la concepción falaz según la cual los mecanismos del mercado y la acción del estado son incompatibles, y diseñe estrategias y políticas encaminadas a resolver al mismo tiempo los problemas específicos de asignación de recursos y los grandes asuntos estructurales relacionados con el desarrollo a largo plazo.

Requerimos diseñar una política económica integrada en torno a un proyecto estratégico nacional.

La recuperación del mercado interno y la consolidación de las empresas que trabajan en él y para él son condiciones insustituibles de una inserción más equitativa en la economía globalizada. Un mercado interno sólido debe ser la base de la recuperación del crecimiento y la plataforma del esfuerzo exportador. Esta reorientación del desarrollo requiere el diseño y establecimiento de una política industrial plenamente coordinada con los gobiernos estatales, que oriente y fomente el desarrollo regional, armonizando la producción competitiva para los mercados interno y exterior.

La reintegración de las economías regionales –urbanas y rurales-, superando los límites administrativos mediante acuerdos y programas multisectoriales de desarrollo, a través de la articulación programada de los distintos sectores productivos en cadenas de proveeduría de insumos y productos, de generación de valor, de aporte tecnológico y de comercialización, permitiría impulsar el desarrollo en regiones hasta ahora estancadas, incrementar los flujos de interregionales de recursos, ampliar los mercados locales, y elevar la productividad y competitividad de nuestra producción en el mercado externo y ante la producción importada.

La idea no es destruir lo ya construido ni frenar a los grandes conglomerados exportadores, sino establecer esquemas más amplios de participación para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones competitivas. Debemos apoyar preferentemente a micro, pequeñas y medianas empresas, alentando la constitución de redes de economías regionales que se vinculen con las ramas y empresas de mayor dinamismo, mediante esquemas de financiamiento, subcontratación y desarrollo de proveedores, apoyo tecnológico y capacitación de la mano de obra. Habrá que identificar productos con alto valor económico y factibilidad técnica de manufactura local, y alentar la incorporación de nuevos bienes a la exportación, propiciando encadenamientos industriales.

5. Integración latinoamericana y equilibrio comercial competitivo con el exterior.

La reactivación de la economía mexicana, implica la promoción de una reforma del orden económico mundial, la cual es indispensable para avanzar en una alternativa nacional distinta. Se trata de pugnar por la igualdad y la equidad en las relaciones económicas internacionales, bilaterales y multilaterales, para superar las asimetrías y subordinaciones de la actual forma de globalización, y poder aprovechar sus ventajas, pero adaptándolas a las exigencias propias de nuestro país.

México debe promover entre los países latinoamericanos y otros, la demanda de una reestructuración global que forje condiciones de igualdad y equidad en el funcionamiento de los organismos económicos multinacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio, y regule con equidad los flujos mundiales de capital, mercancías e información tecnológica.

La promoción activa del proyecto para erigir la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe, integrada económica y políticamente, servirá también a la creación de un instrumento regional de integración para el desarrollo económico y social, Uno de sus componentes sería la formación de un mercado común de la región. Con ese objetivo, México debe vincularse a la discusión y ejecución de la iniciativa en curso para formar la Comunidad de Naciones de América del Sur, y promover que se amplíe a todos los países latinoamericanos y del Caribe.

Con la correlación de fuerzas derivada de la integración latinoamericana, propondremos la revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea y Japón, para lograr las mismas condiciones que se buscan en la Comunidad de Naciones: la equidad e igualdad en las relaciones económicas; la validación del concepto de nación menos favorecida bajo un criterio de trato equitativo; la creación de fondos compensatorios de desarrollo regional; la libre circulación de la fuerza laboral; la igualdad de derechos laborales, sociales y políticos para los migrantes; el respeto a las diferencias culturales; la corresponsabilidad ambiental; y la formación de instancias ciudadanas de evaluación del desempeño de los tratados y de propuesta de reformas. En particular, se buscará en forma inmediata, la renegociación de los capítulos agrarios y agroindustriales, para proteger los intereses de los productores mexicanos, mientras se superan las asimetrías imperantes.

6. Reconstrucción del sistema bancario y de fomento.

Lograr un cambio estructural de la economía nacional requiere un nuevo modelo de financiamiento del desarrollo sustentado en tres grandes vertientes de acción: a) reformar la Ley Orgánica del Banco de México a fin de restituir su obligación de contribuir a través de una política monetaria activa no sólo a la estabilidad sino al crecimiento económico mediante el fomento de las actividades productivas; b) reorientar el funcionamiento de los distintos intermediarios financieros –bancarios y no bancarios- hacia el apoyo de los proyectos productivos y de infraestructura de las distintas regiones del país; y c) reorientar, también, la utilización del ahorro interno y la disponibilidad de divisas hacia la reactivación económica y el financiamiento de proyectos estratégicos para la modernización y crecimiento de la economía.

Una política monetaria expansiva, mediante la ampliación del crédito público en la banca de desarrollo sería un detonador importante de la actividad económica. El mayor acceso de las empresas al crédito para capital de trabajo contrarrestaría las expectativas de incertidumbre actuales y permitiría aumentar la oferta y la demanda social. El Estado debe fortalecer la banca de fomento, tomar la iniciativa e ir a la empresa y a los trabajadores, para que los tres, busquen la solución a los problemas de producción, productividad, integración y expansión. Se requiere también reestructurar e impulsar de nuevo la desmantelada banca pública de desarrollo como instrumento fundamental del Estado para promover y orientar el crecimiento económico; y su reincorporación a la operación crediticia de primer piso, para otorgar financiamiento directo sin pasar por los bancos comerciales, con un propósito regional y sectorial.

La banca debe recuperar su función fundamental de promotora del crecimiento a través del crédito. Un elemento fundamental de este proyecto de nación es desarrollar una nueva banca comercial en manos de mexicanos, bajo una nueva normatividad de servicio y un compromiso con el desarrollo nacional.

El Estado tiene la obligación de brindar apoyo financiero, tecnológico, de aseguramiento, y en infraestructura educativa y de capacitación, a empresas y trabajadores, y de crear las condiciones de estabilidad y confianza que reorienten los movimientos de capitales, para que los flujos en vez de ir a la especulación y al subsidio de los productores del exterior, se orienten a la inversión productiva en nuestro país.

7. Fortalecimiento del ahorro e incremento de la inversión productiva.

Una política económica que promueva el desarrollo económico y social no puede basarse, como antes, en el proteccionismo indiscriminado a las actividades productivas internas, ni en un excesivo gasto público financiado con grandes déficits, porque propician un alto costo social que tiene su origen en la depreciación de la moneda nacional, los incrementos en las deudas pública y privada, la inflación y el desempleo.

Es por ello que se deben fortalecer las bases que permitan generar un ahorro suficiente en el largo plazo, para financiar sanamente el crecimiento de la economía. En la consecución de ese propósito desempeña un papel destacado la estabilidad de los mercados financieros.

La otra política macroeconómica relevante es la de gasto público, ya que mediante un mayor gasto el gobierno puede impulsar la actividad económica y la ocupación. No obstante, es fundamental que el Estado financie sus programas a través de los recursos adicionales que le pueda proporcionar una reforma fiscal evitando y castigando la evasión fiscal del ISR de las personas físicas pertenecientes a los estratos de altos ingresos de la población, para que no absorba los ahorros que puede utilizar la sociedad, como ocurriría con nuevos impuestos a las personas físicas y morales que reducen su demanda.

Una fuente adicional de financiamiento a la economía popular productiva puede obtenerse de la orientación de los excedentes de las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior, mediante sistemas de ahorro y crédito adecuados a las redes de flujos hasta los familiares en México, hacia la creación y operación de empresas asociativas y cooperativas en el marco de las economías regionales, que generen empleo e ingresos estables para sus miembros.

La finalidad de las políticas macroeconómicas no consiste solamente en expandir la demanda, sino sobre todo, generar condiciones para un mejor desempeño de la oferta, condición imprescindible para mantener el equilibrio comercial externo, ya que el aumento de la producción y exportación en los sectores de la economía que producen bienes intercambiables en el mercado mundial, como el agropecuario y la industria manufacturera, contribuirá a evitar el deterioro de la balanza comercial.

En conclusión, existen posibilidades de impulsar una reactivación de la economía y la ocupación sin generar desequilibrios macroeconómicos. La condición básica para llevar a cabo una política macroeconómica de esta naturaleza consiste en que el Estado disponga de una captación suficiente de ingresos públicos para asumir el costo de un proyecto de gobierno de este calibre.

8. Aumento de la inversión pública para la infraestructura social y productiva.

La disponibilidad de infraestructura productiva y social suficiente y de calidad, es una condición necesaria de la elevación de la productividad laboral y económica, de la competitividad de las empresas, ciudades y regiones en el mercado nacional e internacional, de la reversión de las desigualdades del desarrollo regional, y de la distribución social equitativa de los frutos del crecimiento económico.

La prioridad será siempre el mantenimiento de la infraestructura disponible necesaria, para evitar su desvalorización y deterioro. La política de generación de nueva infraestructura económica y social deberá partir de criterios bien definidos que establezcan las prioridades.

El sector público dará prioridad a la inversión en infraestructura productiva y social necesaria para sustentar el crecimiento económico y el desarrollo social. Las obras aisladas, de prestigio y publicidad, o de beneficio particular deben ceder su lugar a los proyectos integrados en sistemas planeados estratégicos y de largo plazo.

Consideramos prioritaria la infraestructura: hidráulica, energética, con énfasis en energía alternativa, transporte colectivo, abasto popular, vivienda popular y servicios conexos; educación pública en todos sus niveles; salud pública y asistencia social; y cultura popular.

Los resultados de estas medidas serán a mediano y largo plazo. Por ello y dada la situación de la gran mayoría de los mexicanos, proponemos que el programa emergente de reactivación económica, antes señalado, incluya un Programa de Obra Pública Necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social, considerando sus efectos multiplicadores en la demanda y en la inversión total nacional, destinada a la educación, salud y seguridad social para superar el rezago nacional en estas materias, la infraestructura productiva para el desarrollo rural y la consolidación de economías regionales, el desarrollo de la tecnología y la industria relacionada. y la elevación de los fondos participables a estados y municipios para infraestructura.

9. Crecimiento con equilibrio sectorial, regional y ambiental

Se contemplan cinco ejes principales para conducir el crecimiento sostenido de la economía con sustentabilidad social, política y ambiental: 1) la expansión de la industria petrolera, haciendo énfasis en la transformación industrial del recurso en el país y el desarrollo de la petroquímica; 2) la recuperación productiva del campo, aprovechando racionalmente el potencial económico de la amplia biodiversidad con que cuenta el país; 3) la reversión del proceso de desindustrialización que ha ocurrido en las dos últimas décadas, y la integración de la industria maquiladora en redes internas de generación de valor, mediante acciones coordinadas de los sectores privado, social y público; 4) el fomento al turismo en sus diferentes modalidades, en particular el histórico-cultural y el ecológico; y 5) la integración y desarrollo de la economía popular y las formas asociativas, para revertir las tendencias de crecimiento de la economía informal.

La situación de profunda desigualdad del crecimiento económico y, por tanto, del desarrollo social que sufre el país, tiene que cambiar, es prioritario impulsar a las regiones con mayor rezago, para que puedan disponer de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo económico. Para lograrlo, la estrategia propuesta se basa en el desarrollo de un federalismo equitativo con descentralización de funciones y recursos; y la identificación de las vocaciones potenciales económicas de las regiones, para reconstruir las economías regionales a partir de su valorización.

No obstante, siendo positiva en sí misma la descentralización del gasto público y la ampliación de la infraestructura productiva y social, son insuficientes para solucionar el problema del desigual desarrollo económico regional. La Política de Desarrollo Regional debe ser una estrategia y un conjunto de instrumentos que desde el Estado se pongan en práctica para impulsar o fomentar la especialización económica de las regiones, buscando el aprovechamiento óptimo de sus recursos y ventajas económicas comparativas y competitivas para promover el crecimiento del producto y del empleo, otorgando sustentabilidad al desarrollo e induciendo encadenamientos virtuosos entre regiones.

10. Política energética soberana

La importancia del sector energético es conocida. Es un sector estratégico desde el punto de vista económico y de las finanzas públicas, es factor clave en nuestra política exterior y es vital para la seguridad nacional, para el buen funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, frente a la situación actual de deterioro social creciente y de prolongado estancamiento económico, es preciso dar un cambio radical a las políticas energéticas y en particular a la petrolera, lo que resulta central en cualquier convocatoria a la transformación nacional, con miras a la gestión del nuevo gobierno.

Hemos formulado puntualmente un conjunto de propuestas que integran una visión de los cambios necesarios para el fortalecimiento y mejor desenvolvimiento del sector energético, en este documento, baste señalar que, preservando el marco constitucional vigente es posible adoptar las decisiones que se requieran para cumplir las metas que el desarrollo del país está demandando. Dentro de ese marco, debe modernizarse la estructura institucional del sector energético para aumentar sensiblemente el suministro de bienes y servicios, al menor precio posible y de manera que resulte competitivo con el exterior, bajo un esquema que reconstruya la relación de los organismos públicos con la industria y las instituciones científicas y técnicas proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y bienes de capital. Esta es tarea de las empresas del Estado y una de las razones de su existencia frente a la nación.

11. Política industrial para la competitividad y política de fomento a la producción agropecuaria

México requiere de una inserción diferente en la globalización, a partir de un proyecto nacional cuyo eje sea la construcción de un sistema productivo más articulado. Se requiere restaurar e integrar las políticas minera, industrial y agropecuaria como ejes de la producción. Una verdadera política industrial pasa por la formulación de una estrategia general de industrialización, incluida en la planeación estratégica, que defina áreas estratégicas y prioritarias, así como el desarrollo de instrumentos específicos de fomento sectorial.

Esta política de fomento industrial debe responder integralmente, y en el mediano y largo plazo, a un conjunto de criterios esenciales. El primero y básico es que el esfuerzo debe dirigirse hacia la reconstrucción y ampliación del mercado interno, como soporte y condición del esfuerzo exportador y base de estabilidad de la economía en los ciclos recesivos de la demanda externa.

La política industrial se orientará prioritariamente a impulsar y soportar a la industria asociativa, micro, pequeña y mediana, a su integración en cadenas y redes de proveeduría, al impulso al cambio tecnológico adecuado, al aumento de la productividad, y al mejoramiento de sus circuitos de comercialización. Se requiere alentar la constitución de redes de economías regionales que se vinculen con las ramas y empresas de mayor dinamismo, mediante esquemas de financiamiento, subcontratación y desarrollo de proveedores, apoyo tecnológico y capacitación de la mano de obra.

La idea no es destruir lo ya construido ni frenar a los grandes conglomerados exportadores, sino establecer esquemas más amplios de participación para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones competitivas.

Modernizar la agricultura implica ubicar a la población rural pobre y en extrema pobreza, en el centro del desarrollo. El sector agropecuario no tendrá capacidad para crecer sin relevantes estímulos económicos.

Sin embargo, los apoyos no pueden ser los precios de garantía o los subsidios a la producción (a través de insumos). Se tendrían que utilizar los métodos permitidos en los tratados comerciales multilaterales. Por ejemplo, los apoyos directos a los productores tipo PROCAMPO, cuyo monto real por cierto ha descendido con el paso de los años. Otro apoyo a los productores es utilizar al máximo los aranceles para protegerlos de la competencia externa, en la medida en que lo permitan los tratados comerciales. Resulta esencial evitar el ingreso de granos y materias primas agrícolas que rebasen las cuotas ya pactadas.

Una tarea básica del Estado será la construcción de instituciones rurales modernas y mejorar el funcionamiento de los mercados, ya que los vacíos institucionales, las instituciones obsoletas y los mercados incompletos o defectuosos han propiciado muchas dificultades a los productores.

La asistencia técnica, imprescindible en la modernización de los pequeños agricultores es responsabilidad del Estado en todos los países del mundo. La investigación técnica, debe ser responsabilidad total del Estado y debe estar íntimamente asociada a los requerimientos de los pequeños productores. Asimismo, resultaría fundamental la puesta en marcha de un programa de reconversión para los productores que teniendo capacidades potenciales productivas en sus parcelas, no pueden materializarlas debido a la carencia de recursos financieros para llevar a cabo el cambio de cultivos. Asistencia técnica, transferencia de tecnología, de crédito y seguro y el mejoramiento de los canales comercialización serían los programas de apoyo más adecuados.

No hay estrategia viable de desarrollo en el campo mexicano sin la construcción de un sólido sistema de financiamiento que incluya a los sectores productivos mayoritarios. Se requieren nuevas instituciones de financiamiento local en manos de la sociedad rural. Son necesarias, al mismo tiempo, reformas jurídicas e institucionales para propiciar un marco regulatorio y normativo adaptado a este tipo de instituciones.

Recuperar la soberanía alimentaria debe ser una prioridad nacional. Para lograr este objetivo requerimos reconstruir -a la vez que reformar e innovar- la arquitectura institucional involucrada en la seguridad alimentaria y el ordenamiento de los mercados agroalimentarios. En este marco, debemos alentar un sistema de precios agrícolas remunerativos que incentive la producción nacional y reduzca la incertidumbre de los mercados.

En este contexto, el cambio tecnológico, social y ambientalmente sustentable, debe convertirse en el mediano plazo en una de las palancas esenciales del crecimiento económico de México y del mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes.

El Estado mexicano debe asumir con urgencia el múltiple papel de promover, impulsar, financiar y concertar socialmente el desarrollo de un núcleo endógeno de adaptación e innovación tecnológica ambiental y socialmente sustentable

La adaptación e innovación tecnológica tiene como ámbito fundamental a las empresas, aunque debemos promover su relación con los centros universitarios de investigación científica. La política económica puede inducir la liga entre la producción y adaptación de nuevas tecnologías sustentables con los servicios conexos, para que se convierta en una rama motriz y articuladora del proyecto de crecimiento económico sostenido.

12. Promoción de la economía popular e integración de la informalidad

La paulatina formalización del sector informal en el mediano plazo deberá atender a fondo sus causas estructurales, y resolver a la vez su carácter sectorial dual y contradictorio.

La lucha contra la evasión fiscal y de las obligaciones establecidas por la ley, que practican las empresas legales pero informales en este aspecto, debe ser uno de los ejes de la reforma hacendaria propuesta, creando las mejores condiciones viables para que todas ellas entren a la legalidad en el término más breve posible.

En el caso de las empresas informales ilegales, que significan un problema de seguridad nacional, externa e interna, la política de largo plazo deberá consistir en combatirlas mediante la aplicación estricta de la ley, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Al mismo tiempo, habrá que cortar sus vínculos con el sector informal popular, de arriba hacia abajo, para liberarlo de la carga de explotación, ilegalidad y violencia que conlleva esa relación.

Para el amplio mundo del trabajo precario e informal, habrá que promover y apoyar el desarrollo e integración de la economía popular, en el marco de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y de la expansión del mercado interno. Los ejes de esta política deben ser múltiples y articulados, sustentados en un análisis riguroso de sus características, particularidades y problemas. No es posible eliminar el trabajo precario e informal mientras el patrón de acumulación vigente actúe como una gran fábrica de desempleados y pobres.

La lucha contra la impunidad y la corrupción en el sector informal popular pasa por la eliminación de los liderazgos corporativos corruptos, impuestos por la violencia y el clientelismo, coludidos con las autoridades y las policías, para avanzar hacia formas democráticas y legales de representación asociativa.

Al tiempo que la actividad del sector popular informal se integra al sistema fiscal, según su ingreso real, sus integrantes deberán tener acceso a beneficios sociales como los servicios de salud y seguridad social, los programas institucionales de vivienda, el cuidado y educación de los niños dependientes, y otras prestaciones sociales con que cuentan los demás trabajadores asalariados. Así promoveremos y premiaremos la formalización.

13. Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo

Durante los últimos años, las finanzas públicas han experimentado un fuerte deterioro estructural. Uno de los factores del deterioro ha sido la pequeña base de ingresos fiscales que tiene el país, parte de la cual es altamente volátil porque depende de los ingresos petroleros. México es uno de los países con menor carga fiscal del mundo. En los cambios que se requieren para que la economía crezca y genere empleos mejor remunerados para la población, ocupa un lugar central la Reforma Fiscal. Una reforma hacendaria que imprima justicia, simplifique y haga competitiva la estructura tributaria, que alivie el peso relativo de las cargas impositivas de los trabajadores, clases medias y micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las causas más importantes de la baja recaudación del ISR a personas físicas se encuentran la desigual distribución del ingreso; la evasión y elusión fiscal; y los insuficientes instrumentos de fiscalización de la SHCP. El problema histórico estructural de la escasez de ingresos tributarios en México, se debe a la baja recaudación del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, por lo que una Reforma Fiscal que dote al Estado de los recursos para financiar políticas públicas que promuevan el crecimiento económico y la distribución social de sus beneficios tendría que prevenir y castigar la evasión de este impuesto, el cual debe seguir siendo la fuente más relevante de recaudación tributaria, como ocurre en los sistemas fiscales de los países desarrollados. Se requiere suprimir regímenes preferenciales, exenciones y deducciones ahora permitidos; incorporar al padrón de contribuyentes a quienes se desempeñan en la informalidad, otorgándoles contraprestaciones en el campo de la seguridad social.

Se propone establecer un IVA diferenciado: que mantenga las tasas cero para el consumo de alimentos, medicinas, publicaciones, agua potable para usos domésticos, que preserve la exención para servicios médicos, educativos, de transporte público terrestre y de vivienda, reduzca al 10% este impuesto para servicio telefónico público, vestido, calzado, electricidad para uso doméstico y otros artículos para el hogar, que lo aumente al 20% para los consumos de bebidas alcohólicas, tabaco y otros artículos de carácter suntuario y en general, simplificar en lo general el sistema de pago de impuestos.

Para hacer competitivo al régimen fiscal habrá de acreditarse el ingreso invertido en fuentes de ocupación y elevación de la producción, y desgravarse los activos productivos. Con estos propósitos deben suprimirse las complicadas misceláneas fiscales anuales y el impuesto del 2% sobre activos fijos. Debe además, convocarse a una nueva convención fiscal nacional, en la que con sentido federalista se reordenen y armonicen las competencias federales, estatales y municipales en la materia.

Debemos avanzar hacia una gestión estatal responsable y eficiente de los recursos naturales propiedad de la nación, la infraestructura y los servicios públicos estratégicos para el desarrollo social y el crecimiento económico sostenido, los cuales deben permanecer bajo control del sector público. En los casos donde el uso de estos bienes públicos sea otorgado en concesión a las empresas, se debe garantizar el retorno de parte de los beneficios a la sociedad mediante impuestos; tarifas de servicios públicos cobradas a las empresas privadas y los sectores de altos ingresos, que recuperen el precio de producción -costo y ganancia media- y cubran el subsidio que el Estado otorgue a los sectores empobrecidos; y transferencias especiales de fondos para el desarrollo a las regiones y municipios que aportan los recursos naturales esenciales.