Nuestra propuesta para fortalecer la hacienda pública es muy superior a la del proyecto Calderón que, de aprobarse, daría ingresos adicionales de 1.8% del PIB por concepto de nuevos ingresos y de 1% por eficiencia recaudatoria. La nuestra daría: 3% del PIB por concepto de nueva recaudación proveniente de los causantes de más altos ingresos; 1% por eficiencia recaudatoria; y 1% de ahorro por reducción de gasto corriente, principalmente de sueldos y privilegios de la alta burocracia, y compromisos corporativos.

 Nuestra propuesta de 500,000 millones adicionales para el desarrollo y la justicia, no grava a los pobres y a las clases medias; en cambio, sí contribuiría a reducir la escandalosa concentración del ingreso, a la vez que duplicaría los recursos de la hacienda pública para invertir en infraestructura, educación, desarrollo social y regional.
 
Existe un amplio consenso sobre el deficiente manejo de la Hacienda Pública Mexicana. Por un lado, el bajísimo nivel de recaudación (9.5% del PIB), producto de sesgadas leyes fiscales que, mediante tratos de excepción y privilegio, erosionan el erario y han dado lugar a una censura que alcanza ya niveles internacionales. Por otro lado, el abultado gasto corriente que alimenta los exagerados sueldos de la alta burocracia y un gasto social  de baja calidad y dudoso impacto, para aparentar un equilibrio fiscal que justifique una política monetaria de “metas de inflación”.
 
Para agravar la situación fiscal, la renta petrolera se ha estado utilizando para financiar los gastos operativos del gobierno, ocasionando el endeudamiento fuera de presupuesto (Pidiregas) de la principal empresa del país, PEMEX, así como de la CFE. Todo ello determina un gasto público productivo y social del todo insuficiente, además de centralista, incapaz de impulsar el crecimiento y la generación de empleo que detenga el éxodo de la fuerza de trabajo e impulse un desarrollo sustentable. De aquí la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria de fondo.
 
Las propuestas y posiciones legislativas son la expresión política y jurídica de los programas de los partidos y coaliciones. Tratándose de leyes fiscales y presupuestos, son la materialización misma de los proyectos de nación que éstos ofrecen al electorado. Con esta premisa y frente a una realidad conocida y padecida por todos, el Frente Amplio Progresista considera imperativo fortalecer el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para reforzar su carácter de columna vertebral de una Hacienda Pública al servicio del interés nacional; suprimir la elusión y evasión fiscales, estimadas entre 3% y 6% del PIB, lo que representa entre el 30% y más del 50% de la recaudación actual y muy superior a la esperada por la propuesta oficial.
 
Se debe corregir la tarifa del Impuesto Sobre la Renta de personas físicas para simplificarla, incrementando su progresividad en los renglones más elevados de ingreso; en cambio, dejando exentos los ingresos  de hasta 7 salarios mínimos. Asimismo, aplicar una tarifa progresiva a todos los ingresos acumulados que obtenga una persona física, incluyendo aquellas que deriven de ganancias en bolsa. O sea que durante el ejercicio fiscal se acumularán: salarios, honorarios, dividendos, rentas, regalías, intereses y ganancias en bolsa.
 
Esta es la vía efectiva para acabar con el carácter regresivo del esquema vigente, atemperar así la desigualdad y recuperar la función redistribuidora del ingreso de la política fiscal. Para sostener un gasto público que garantice los derechos sociales y contribuya a la generación de empleo y un sistema tributario que asegure la progresividad contributiva de todos los ciudadanos.
 
Las empresas (personas morales) y las personas físicas son personas jurídicamente independientes, cada una con sus propios ingresos, y se gravan en forma diferente. El impuesto sobre la renta se aplicaría a todos, tanto personas físicas como morales, sin excepción, cuya base tributaria no es progresiva sino proporcional a la renta neta que obtienen de sus operaciones, mientras que el impuesto sobre la renta de las personas físicas grava la totalidad de los ingresos que se reciben en un ejercicio, menos el ingreso vital exento y deducciones por gastos escolares y de salud.
 
Para lograr los objetivos señalados hay que eliminar de la ley actual del ISR los tratamientos especiales y privilegios injustificados: consolidación fiscal, ganancias en bolsa, depreciación acelerada, donativos; garantizar la acumulación efectiva de todos los ingresos de las personas físicas y establecer una tarifa única progresiva para todas ellas, incluyendo a las que realizan un negocio o actividad empresarial sobre la base de su ingreso neto.
 
Es indispensable mejorar la fiscalización mediante la información del sistema financiero, facultando al Congreso para conocer quién paga impuestos, y cuánto (transparencia fiscal); la federalización efectiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con obligada rendición de cuentas a la Auditoria Superior de la Federación; y el establecimiento de criterios y metas de gasto público de inversión plurianuales aprobados por la Cámara de Diputados.
 
La iniciativa del Frente Amplio Progresista, garantiza incrementar la recaudación, sin crear mas impuestos; mejorar la progresividad y equidad del sistema fiscal ―que pague más el que más gana― y transformar productiva y socialmente el gasto público como palanca del crecimiento y la generación de empleos para el desarrollo sustentable y para liberar a Pemex de la gravosa carga fiscal que le impide racionalizar sus operaciones e industrializar sus materias primas.
 
La iniciativa del FAP garantiza fortalecer la Hacienda Pública. El titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha señalado que, por ejemplo, durante 2005 se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos del ISR fueron menores a 74 pesos anuales. De no existir tratamientos fiscales especiales, éstos y otros grandes contribuyentes aportarían vía impuestos los recursos que ahora le faltan a las finanzas públicas.
 
Propuesta
 
Reducir en 100,000 millones de pesos, para el ejercicio fiscal de 2008, el gasto corriente del gobierno, eliminado gastos suntuarios, burocracia redundante y privilegios clientelares.
 
La propuesta equivale al 1% del PIB; es diez veces superior a la que propone Calderón para el primer año. Se propone establecer un régimen de austeridad y de supresión de privilegios, así como combatir seriamente la corrupción en todos los niveles del gobierno. Este ahorro es indispensable para dinamizar el crecimiento de la economía y ganar el indispensable apoyo de la sociedad.
 
Etiquetar el 100% de los nuevos ingresos a inversiones en infraestructura, energía, educación, ciencia y tecnología, desarrollo regional y social, con un criterio multianual y progresivo.
 
Una auténtica reforma fiscal debe tener objetivos claros: evitar que se dilapide la riqueza petrolera, estimular el crecimiento de la economía y el empleo y reducir las desigualdades extremas. Se propone etiquetar todos los nuevos ingresos con el propósito de evitar que, como en la propuesta de Calderón, los nuevos impuestos se utilicen para financiar el crecimiento del gasto corriente.
 
No proponer ningún nuevo impuesto que afecte a las clases medias y a los sectores de menores ingresos de la población.
 
Nos oponemos a los nuevos impuestos que busca establecer el gobierno, como el de  la gasolina que, se pretende, cobren los estados, pues  elevarían de inmediato el costo de la vida. También al CETU que grava adicionalmente a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas. Se propone fincar el éxito de la reforma afectando a la población de más altos ingresos y eliminando tratamientos especiales y privilegios.
 
Liberar a Petróleos Mexicanos de su responsabilidad de financiar el gasto corriente del gobierno.

Se propone que, en un plazo de cinco años, con metas anuales bien establecidas, PEMEX pueda retener una proporción suficiente de sus ingresos para financiar su operación y crecimiento. Para ello es indispensable: modificar la base gravable para el pago del derecho para el fondo de estabilización de los ingresos petroleros; incrementar la aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo al 1% del valor de la producción; y eliminar el derecho adicional de hidrocarburos que obliga a PEMEX a producir un mínimo de barriles por año.
 
Gravar los verdaderos ingresos de los grandes contribuyentes que utilizan esquemas de “planeación fiscal agresiva” para eludir el pago de sus impuestos.
 
Se propone iniciar un agresivo programa de auditoria a los grandes contribuyentes para evitar esos actos de elusión en materia de ISR y eliminar del impuesto las lagunas y ambigüedades que dan lugar a esas prácticas. Asimismo, corresponsabilizar a contadores y auditores que participen en prácticas orientadas a la evasión y elusión fiscales.
 
Convertir al ISR (impuesto sobre la renta) en la columna vertebral del sistema impositivo.
 
Se propone hacer descansar el sistema fiscal en un régimen  progresivo de ISR. El flat tax (impuesto uniforme) que es el modelo al que se encamina la CETU es un impuesto que ha dado buenos resultados en países con mayor igualdad y mejor administración fiscal, como Irlanda. La situación de México es completamente diferente. La gran desigualdad en la distribución del ingreso que existe en nuestro país no es comparable con la de esas naciones.
 
Derogar el Régimen de Consolidación Fiscal.

Se propone eliminar el régimen de consolidación establecido (artículos 64 a 78 de la LISR), por cuanto favorece a los grandes consorcios empresariales, permitiéndoles diferir indefinidamente el pago de esta importante contribución federal. A partir de la derogación, tendrían que enterarla al fisco federal, debidamente actualizada y conforme a los procedimientos y cálculos que al efecto se establecen en la disposición transitoria.
 
Gravar las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores.

Para evitar operaciones simuladas y estimular el fin económico y de fomento productivo de la Bolsa de Valores, como fuente de financiamiento para las empresas en el mercado primario, se propone reformar el artículo 109 fracción XXVI de la LISR, eliminar la exención para las acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en bolsa, y permitirla sólo cuando se trate de ofertas públicas de compra de acciones, precisando los requisitos ya existentes. Las ganancias especulativas en el mercado secundario y terciario deben ser gravadas.
 
Eliminar la deducción del costo de adquisición de los terrenos.

Se propone eliminar la deducción del costo de adquisición de los terrenos (Art. 225 LISR). Este beneficio establecido para fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, realmente ha beneficiado a los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes han financiado su crecimiento con cargo al erario, y por tanto en demérito de la sociedad en general, quien no se ha visto beneficiada por él.
 
Eliminar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo.

La deducción distorsiona esta lógica, hasta convertirla en un objetivo que puede poner en riesgo la existencia misma de la empresa, en contraparte, el fisco resiente el esquema de diferir permanente los impuestos. El presupuesto de gastos fiscales (sacrificio fiscal de ISR por diferir este rubro) se estima en 28,836.9 millones de pesos para 2007. Se propone la eliminación de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, derogando los artículos 220, 221 y 221-A de la LISR, debido a que genera un incentivo perverso para desnaturalizar la finalidad de una unidad económica. La razón ser de una firma, no es la adquisición de activos fijos.
 
Establecer el pago definitivo del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades.

México no grava los dividendos, ya que nuestra legislación contempla la misma tasa para este rubro con respecto a la tasa general del Impuesto sobre la Renta, por lo que el primero se acredita totalmente, lo que se traduce en una tasa idéntica al ISR corporativo para este concepto. Es necesario que los artículos 11 y 165, en la LISR, se adecuen a fin de que el impuesto sobre dividendos sea un pago de 35%, para lo cual los dividendos que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), paguen un 7% adicional y el 28% que corresponde al ISR corporativo no se vea afectado. Con esta relevante reforma, México todavía estaría más de diez puntos debajo de la tasa impositiva similar de su principal socio comercial.
 
Limitar facultades discrecionales del Poder Ejecutivo para otorgar subsidios, estímulos y regimenes especiales.

Se propone reformar los artículos 33, fracción I, inciso g), el 36 Bis y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y el artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo y las autoridades tributarias no puedan determinar o autorizar regímenes fiscales de manera discrecional y concedan subsidios o estímulos fiscales, sólo cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación. Asimismo, limitar las modificaciones de Miscelánea Fiscal para eliminar la inseguridad jurídica del contribuyente.
 
Evitar la discrecionalidad que mantiene el gobierno federal en la asignación del gasto y asegurar que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal.

Es necesario que la ley acote la discrecionalidad para manejar los subejercicios y adecuaciones del gasto, el otorgamiento de donativos y los compromisos plurianuales que incrementan innecesariamente el gasto corriente. Se propone modificar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para que los diputados integrantes de las Comisiones del Congreso de la Unión, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y de Investigación, puedan conocer la información fiscal que presentan los contribuyentes, con la finalidad de que mediante un control y colaboración entre poderes y de investigación en su caso, se pueda profundizar en la información, transparencia, evaluación de la eficiencia recaudatoria, en la gestión del SAT y en la funciones propias de fiscalización.
 
Establecer la consolidación y fortalecimiento de los derechos del contribuyente.
 
Se propone, conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, establecer un nuevo pacto fiscal entre el Estado y los contribuyentes, a partir de la fiscalización del gasto público, la transparencia y rendición de cuentas y una nueva visión, donde el causante no sea visto permanentemente como evasor, sino como el principal sostén del Estado, debiendo ser el cobro de tributos en su exclusivo beneficio. Se propone crear la figura de acuerdo previo, con el propósito de desarrollar esquenas legales de negociación entre el SAT y los contribuyentes. Reformar la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues debe distinguirse entre los grandes evasores y el contribuyente común y cumplido que se ve abrumado frente a la fuerza y facultades de la autoridad fiscal. Mejorar la seguridad jurídica del sistema impositivo en sus aspectos procedimentales y fortalecer la simplificación tributaria.
 
En materia de inconstitucionalidad de leyes, convertir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia,  en obligatoria para las autoridades fiscales.

Se propone este cambio fundamental,  pues hoy día son únicamente los causantes de mayores ingresos, quienes tienen acceso al juicio de amparo que les permite liberarse de pagar tributos inconstitucionales. Este beneficio debe hacerse extensivo a todos los causantes.
 
Regular la publicidad gubernamental. 

Se presentará una iniciativa de ley para que, como en prácticamente todos los países democráticos desarrollados, se establezcan limitaciones severas y sanciones a quienes utilicen el gasto público para financiar campañas de publicidad a favor de los funcionarios y sus partidos políticos. Asimismo, parar el mismo propósito se tendrá que revisar la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
 
En conclusión:
 
La iniciativa de Calderón es un IVA disfrazado que pretende aumentar la recaudación a expensas del sector productivo, las pequeñas y medianas empresas y la clase media, y no de los grandes consorcios ni de los millonarios que, mediante privilegios  “legales” pero injustos, minimizan la contribución proporcional que, de acuerdo con la Constitución, les corresponde hacer a la Hacienda Pública Nacional. La nuestra, como en prácticamente todas las naciones desarrolladas y democráticas, propone establecer un sistema fiscal fundado en un impuesto sobre la renta que estimule la producción y grave con equidad a personas y empresas.
 
La iniciativa de Calderón va en contra de la creación de nuevos empleos e incluso pone en riesgo empleos existentes. La nuestra, al impulsar la inversión pública y el crecimiento de la economía, mantendrá los empleos existentes y generará nuevos empleos. Es parte de un diseño para la reindustrialización, el apoyo a la economía agropecuaria y a la promoción de la pequeña y mediana empresa.
 
La iniciativa Calderón no estimulará el crecimiento. Es para mantener un crecimiento muy por debajo de nuestro potencial; no permite incrementar la inversión pública, puesto que sus ingresos adicionales ya están comprometidos para pagar los acuerdos con el SNTE, las cuentas pendientes del ISSSTE y los vencimientos de Pidiregas. La nuestra sí generará crecimiento, porque se propone recortar el gasto, como lo señalamos en la campaña presidencial, en cien mil millones de pesos y aumentar la captación fiscal, gravando a los más altos ingresos y suprimiendo los privilegios. Con el ahorro de cien mil millones, la mayor eficiencia recaudatoria (otros 100,000 millones) y los ingresos adicionales de 300 mil millones de pesos, o sea en total 500,000 mil millones, sería posible crecer y redistribuir.
 
La iniciativa Calderón no ofrece un compromiso serio de reducción del gasto corriente, ni redistribución de los nuevos ingresos. Mientras que la nuestra obligaría al gobierno a destinar el 100% de los nuevos ingresos a la inversión en infraestructura,  educación,  ciencia y tecnología, así como al gasto social y regional.
 
La iniciativa Calderón debilita el federalismo y a las autoridades municipales. Les pasa a los gobiernos locales impuestos que el gobierno federal no está dispuesto a cobrar. Mantiene intocada la discrecionalidad de la SHCP. Establece fórmulas que no estimulan la eficiencia recaudatoria ni reconocen las desigualdades regionales. La nuestra propone fortalecer el desarrollo regional, otorgar más ingresos a los gobiernos estatales y municipales y crear mecanismos de transparencia efectiva en la federación, estados y municipios. Su propuesta no contempla el fortalecimiento del federalismo (transparencia, nuevos mecanismos en las fórmulas del ramo 33), ni establece un nuevo pacto de coordinación fiscal bajo la fórmula de una Ley de Coordinación Hacendaria.
 
La iniciativa Calderón no beneficia a los pobres ni a las clases medias. Les cobra más impuestos y no prevé, más allá de las declaraciones y los discursos, una redefinición de los programas sociales y regionales, ni un cambio en la política económica para crecer, competir, cuidar el ambiente y mejorar la distribución del ingreso.
 
México, D. F., a 15 de julio de 2007