I
EL CONTEXTO DEL DEBATE

La mayoría de los mexicanos sabe a ciencia cierta que vive una situación insatisfactoria - muchos hasta a la angustia-, por la sencilla razón de que esa es su realidad cotidiana. De eso no tienen duda alguna. Probablemente perciban menos claras las causas profundas de esa situación, tanto como el quehacer para transformarla en su beneficio.

Por ello es razonable que cuando se presenta un proceso en el que está en juego el poder del Estado-Gobierno nacional y, en esa medida, el destino del país, esa mayoría piense que se trata de una oportunidad para ejercer su poder electoral y transformar la situación en su beneficio.

En esta lógica, se supone que las fuerzas políticas que pugnan por hacerse del poder para conducir al país, se ocupen en difundir su oferta política para lograr tal fin, de modo que los ciudadanos, concebidos como potenciales electores, puedan asumir decisiones e inclinarse por alguna de ellas, en función de las ideas vertidas en proyectos de nación que sustenten programas de gobierno.

Ciertamente, sabemos que ello no sucede precisamente así, sino que, cada vez más, las fuerzas y los actores políticos pretenden conquistar a la ciudadanía a través de estrategias mediáticas y manipuladoras en las que invierten cifras desmesuradas de recursos y dinero, de modo que suplen su oferta política con imágenes y mensajes superficiales que no comprometen a nada cierto y serio en el futuro, en una especie de calculado y perverso ocultamiento, tal que se reservan el “derecho” de dar gato por libre. El caso de Fox candidato convertido en presidente es por demás ilustrativo. Esta lógica realmente existente también se ha adueñado, infortunadamente, de opciones políticas que, de acuerdo con los principios democráticos que de origen las inspiran, debieran rechazarla y combatirla.

El proceso político que invade al país y que tiene como una estación de llegada las elecciones del año 2006, ocurre en tales características y tiene tales dimensiones que demanda imperativamente que las fuerzas democráticas, populares y de izquierda asuman la responsabilidad de rescatar y poner al día, tanto a su interior como en la sociedad, el debate de las ideas y las propuestas sobre el país y el gobierno que se requiere para satisfacer las necesidades de todos los mexicanos y, con ese sustento, convocar al electorado a sufragar por un proyecto de nación y un programa de gobierno amplio, plural, incluyente y democrático. Ello es así, porque su futuro inmediato y de largo plazo será por lo menos en extremo incierto, si sucede que las fuerzas conservadoras –en cualquiera de sus expresiones- retienen el poder a través del voto “útil”.

Sin duda, la mayoría de los mexicanos está decepcionada porque la ilusión del cambio que en el imaginario social representaba inicialmente el actual gobierno, resultó un mayúsculo fracaso, lo que equivale a decir que la propuesta que impulsó resultó ser una opción no satisfactoria. Pero también puede decirse que está desorientada, pues las otras alternativas aparecen como inciertas: el PRI con su perversidad manifiesta y dado el mayúsculo deterioro del PRD.

Desde esta lógica, es deber de las variopintas fuerzas democráticas, populares y de izquierda debatir y unificar la visión del país que se desea construir y confrontarla abiertamente con la visión que ofrecen las opciones políticas conservadoras. A nuestro juicio, evadir esta responsabilidad no abona al objetivo crucial de fortalecer la conciencia ciudadana, ni a una sólida conquista del poder, ni a la real viabilidad de un eventual ejercicio del gobierno nacional. Venga de donde venga, recurrir a la manipulación perversa de las circunstancias para imponer un punto de vista, evadiendo los métodos democráticos, no conduce a la construcción de un proceso que propicie un resultado positivamente profundo y en el largo plazo para el país.

En ese sentido, es imperativo reconocer que, en su esencia, las fuerzas de izquierda del país están en una profunda crisis política que debe resolverse de fondo. De otro modo, serán mayúsculas las dificultades para sumir la confrontación con los adversarios, tanto como para ejercer con éxito real la eventual responsabilidad de gobernar a la República. Asumir plenamente tal realidad, sería un invaluable mensaje a la sociedad mexicana. Dicho otro modo: cualquier liderazgo democrático por fuerte que sea o que se crea, enfrentará el proceso con serias dificultades, salvo que se piense subjetivamente que una “imagen” mediática fuerte es condición suficiente para que se resuelva positivamente el proceso no solo ni principalmente en su vertiente electoral sino de gobernabilidad.

Así las cosas, quienes impulsamos el proyecto Un México para todos estamos plenamente dispuestos y decididos a contribuir para que, a través de una amplia y plural coalición de fuerzas, los ciudadanos asuman decisiones con sustento en el debate y la difusión de las ideas sobre la realidad mexicana y sobre los proyectos de país y de gobierno por los cuales hay que luchar.

Continuar este necesario debate, supone reconocer (vox populi) que desde la izquierda se han difundido de manera abierta hasta ahora dos documentos cruciales. De una parte, Un México para todos, coordinado en nombre de la Fundación para la Democracia, la Fundación Rosenbuelth y un grupo de personalidades diversas, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; y por otra, el Proyecto Alternativo de Nación, signado personalmente por Andrés Manuel López Obrador, actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En congruencia con la citada necesidad de ubicar las ideas y el debate por encima de las estrategias mediáticas, el presente trabajo ofrece elementos para un análisis crítico y comparado de ambos documentos.

II

TEORÍA Y CONCEPTOS

Desde una mirada superficial, un análisis contrastado de los documentos podría concluir que son, sencillamente, semejantes hasta quedar iguales. Que las diferencias conceptuales, de enfoque, de estructura temática, de más o menos profundidad en ciertos elementos de lo específico, son menores y que, por tanto, no vale la pena invertir energía y perder el tiempo en esclarecerlas o dirimirlas. En todo caso, habrá quien sostenga que procede hacer simplemente un sencillo ejercicio de sinergia, asociación o simbiosis, de modo tal que se construya un solo documento. También se ha dicho que hay que enfatizar las coincidencias y minimizar las diferencias, lo que supone que, quizá, éstas últimas no sean cruciales. El caso es que, desde una mirada más detenida y atenta, se puede concluir que la cuestión no es simple ni sencilla, cuando se analizan la lógica y la integración general (construcción teórica), los conceptos y las estrategias de cada documento y, más aún, cuando aterrizan en lo específico (capítulos temáticos).

Desde una lectura cuidadosa, en el caso de Un México para todos se puede apreciar que el todo es el resultado de la integración lógica de las partes. Que cada parte es armónica con el conjunto y en su lógica interna. Invariablemente asume un enfoque analítico crítico (una interpretación de los fenómenos, un estudio de la problemática, un diagnóstico del tema en cuestión) y, de ahí, desprende o colige (vis a vis) las estrategias programáticas para la resolución (gestión) de dichos fenómenos, de modo tal que se preserva y fortalece la armonía del conjunto -y entre cada parte y el todo. El enfoque se sustenta en los elementos cruciales que explican los fenómenos y el despliegue de la propuesta en su esencia, sin abrir espacios a los detalles innecesarios y a la subjetividad como el elemento a partir del cual se explican y se resuelven los fenómenos que se analizan.

En síntesis, se trata de un análisis crítico de la situación nacional que se relaciona con un proyecto de país que entraña los lineamientos, las estrategias generales de un programa de Estado-gobierno, donde el Estado no es encarnado por una persona en particular, sino que requiere, en todo caso, de un liderazgo que construya una sólido consenso hegemónico para una auténtica gobernabilidad, en donde los actores plurales y diversos que deciden y actúan, se integren democráticamente a la formulación y se dispongan a la transformación profunda del modelo nacional de desarrollo.

En el caso del Proyecto alternativo de nación se puede apreciar que, en general, el todo no obedece a una integración lógica de las partes. Que cada parte no siempre es armónica con el conjunto ni en su lógica interna. Para “leer” y “comprender” la coherencia integral del conjunto, de su relación con cada una las partes y la lógica interna de cada parte, se requiere que el receptor “acomode”, “ajuste” los elementos. El enfoque (la interpretación, la detección de la problemática, el diagnóstico) no siempre precede (al menos congruentemente) a la propuesta para la resolución del fenómeno. La integración de abundantes detalles innecesarios (que a nuestro juicio ofrecen una falsa impresión de un conocimiento “profundo” de lo que se analiza) y de elementos subjetivos suelen subsumir, desplazar, opacar, a los elementos cruciales que explican y resuelven los fenómenos objetivos. En general, el análisis crítico se desdibuja pues el elemento pragmático y subjetivo subsume, diluye, oculta, a los elementos objetivamente esenciales de la realidad y de su proyección a futuro.

En síntesis, se trata de un enfoque analítico-crítico-pragmático que abre el espacio para una propuesta de resolución de los fenómenos del mismo corte: “realista” (“útil”) en el sentido de que la interpretación y la gestión de los problemas (que las cosas) son más sencillas de lo que parecen y que, quién sabe porque y quienes, las complican innecesariamente. En suma, más que un Proyecto alternativo de nación propiamente dicho, estamos ante un programa de gobierno personal, incierto, desarrollista y de corto plazo (en su mayoría, las propuestas de acción están referidas explícitamente a una lógica sexenal), en donde la importancia del sujeto (que explica y actúa) se ubica por encima de los elementos objetivos (los actores plurales y diversos que son los que en la realidad explican y actúan). Es decir, en donde una persona encarna al Estado-Gobierno, a partir de la idea conservadora de que esa es la voluntad emanada de una mayoría electoral que no necesariamente se convierte en mayoría política, insustituible ésta para una sólida gobernabilidad de largo plazo orientada hacia una auténtica y profunda transformación del modelo nacional de desarrollo.

Y, entonces, el “realismo”, lo “útil”, lo “simple y sencillo”, la interpretación subjetiva y
voluntarista de lo que “el pueblo entiende y quiere”, son sinónimos de una construcción desde lo “aparente”.

Del documento del Proyecto alternativo de nación es muy fácil deducir que hay una “confusión” entre el liderazgo de un Estado-Gobierno con ser la encarnación misma de ese Estado-Gobierno. De ahí que muchas de las “soluciones” que se proponen estén sustentadas en la (“buena”) voluntad del sujeto y no en una política que atienda al objeto e, incluso, amarre a los sujetos, los “subsuma” en la estrategia, el marco legal y las instituciones, si es que hemos decidido ser parte del juego democrático electoral.

Al respecto hay, entre otras, una cita interesante: cuando se afirma que la grandeza estriba en la sencillez, “a modo de ejemplo” se ilustra al lector con algunas ideas expresadas por Francisco I. Madero:

Al subir yo al poder, voy encarnando dos principios: uno de ellos, sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla, y que es el de la No Reelección. Otro el Sufragio Efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo. Pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular, a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo. Por los momentos históricos porque atraviesa México, considero secundario todo lo demás.

El Presidente debe ser el "principal guardián" del sufragio efectivo y promotor de la democracia. En consecuencia, debe tener la sensibilidad de hacer suyos los anhelos del pueblo, conduciendo de manera pacífica el cambio democrático, para que las leyes sean "genuina expresión" de la voluntad popular.

Es obvio que ha corrido mucha agua desde entonces, y que como una de las conquistas que hemos logrado los mexicanos (por la vía de la lucha popular y del pensamiento de democrático y de las izquierdas), hoy existe una institución autónoma (el IFE) que encarna y es garante de la voluntad político electoral del pueblo, mismo que está representado en un Congreso de la Unión que todavía no es suficientemente soberano.

El ejemplo a modo, citado a modo de ejemplo, hubiera sido cabalmente válido, si además, en algún lugar el documento del Proyecto alternativo de nación se hubieran avanzado propuestas como las siguientes: fortalecer al IFE, reformar la Congreso y, también, al Ejecutivo federal; pero sobre todo, si se hubiera ocupado de convocar al pueblo a inaugurar la democracia participativa sustentada en el Estado de Derecho, tal y como –veremos- lo hace el documento de Un México para todos. De esa manera, no estaremos atados a un Ejecutivo que tenga la voluntad de, sino que deba de respetar y fortalecer los “anhelos del pueblo”.

El Proyecto alternativo de nación incluye un capítulo sobre la recuperación y las enseñanzas de la historia; se citan diferentes hechos relevantes del pasado y se recurre a íconos que realizaron acciones destacadas a favor de los intereses estratégicos de México. Sin embargo, se hace de manera superficial y a modo, omitiendo sucesos destacados del extraordinario universo de las luchas, las experiencias y los procesos de actores sociales y políticos diversos, sin lo cuales no se puede entender el pasado reciente y el presente del país.

En este sentido, cabe decir, por ejemplo, que la figura del General Cárdenas no puede reducirse al acto de la expropiación petrolera, por más importante que sea, sin decir que el proyecto de nación que enarbolaba era mucho más que eso y que fue truncado y traicionado por la contrarrevolución, pero sobre todo sin señalar que muchos de sus principios son ahora vigentes. Ciertamente, debe abonarse al gobierno de Adolfo López Mateos la posición solidaria del Estado mexicano frente a la revolución cubana, pero también debió decirse que el mismo gobierno emanado del PRI prohibió tajantemente al General Cárdenas del Río viajar de Mérida a Cuba para ofrecer su solidaridad y su compromiso directo con la gesta revolucionaria. Y cómo olvidar que ese gobierno reprimió con saldo trágico al movimiento jaramillista (entre otros) y que el gobierno de Díaz Ordaz atacó severamente, hasta su aniquilación, al Movimiento Nacional de Liberación que con altura de miras alentó el General y en donde militó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Y el 68 y el 71? Debió ciertamente citarse como un acontecimiento histórico trascendente la creación de la Corriente Democrática bajo el liderazgo de Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros; así como el fraude de que fue objeto el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, pues resulta indispensable para comprender al México (la historia) de hoy. Y la aparición en escena, desde la selva chiapaneca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que le “recordó” a la patria (y a la historia) la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Y sin duda, era obligada la referencia al primer gobierno electo del D.F. (parteaguas de suyo importante), pues además significó el triunfo de las fuerzas democráticas de oposición nada menos que en la capital de la república, resultando Jefe de Gobierno el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ese fue, por cierto, el prolegómeno para que dichas fuerzas refrendaran el voto ciudadano en dicha entidad en el año 2000.

Desde los movimientos sociales varios, ciertamente, se construyeron procesos, se enarbolaron demandas y se erigieron liderazgos que marcaron sin duda el destino de la nación durante el siglo XX y lo que va del presente. Que están vigentes. Ese ha sido el largo proceso de gestación de una buena parte de la izquierda mexicana que, en 1989, se transformó en el PRD. Esos sucesos –y esos sujetos- íntimamente ligados a la democracia y la izquierda no son mencionados con nombre y apellido en ninguna parte del documento del Proyecto alternativo de nación.

El contraste general que referimos resulta inobjetable cuando se analiza la lógica, el discurso, los conceptos (el “lenguaje”) de los documentos desde el principio. Ello es así, porque en la Introducción de Un México para todos se ofrece al lector un panorama, ciertamente muy general, breve, pero sin duda suficiente, integral y preciso de la situación del país, para exponer enseguida las 25 estrategias de un modelo de desarrollo para la transformación democrática de México (país, soberano, nación pluriétnica y pluricultural, derechos sociales universales, etc.).

En el caso del Proyecto alternativo de nación, en el apartado La voluntad del cambio de la Introducción, el lector no tiene los elementos para saber en qué consiste tal voluntad del cambio ni cual es la estrategia para lograrlo, como no sea la verdad de Perogrullo: el ansia de cambiar acompañada de un conjunto ecléctico (incierto) de “conceptos” (esperanza, gente generosa, transformar el sector energético, desatar la laboriosidad de las personas y explotar los abundantes recursos naturales).

III
LA CUESTIÓN DEL PATRÓN GENERAL DE DESARROLLO

De acuerdo con ello, a nuestro juicio, Un México para todos propone transformar estructuralmente el patrón general de desarrollo del país con una auténtica visión moderna de largo plazo, conduciendo al país hacia una revolución democrática. Y que, en contraste, el Proyecto alternativo de nación propone “recuperar” el pasado en su “aspecto positivo”: el new deal roosveltiano y el desarrollo estabilizador y compartido, para adecuarlo al presente. El problema estriba, creemos, en que el desarrollismo y el cortoplacismo no se contravienen, no se contraponen esencialmente a una estrategia neoliberal, sino que se reconocen y complementan. Eso se colige no sólo por el “rescate” que se hace del New Deal roosveltiano (p. 136 del Proyecto alternativo de nación), sino también por las siguientes ideas expresadas en el capítulo 4. Crecimiento económico y generación de empleos, en las que su vez se “rescata” dicho modelo económico en comparación con el neoliberal:

En México, antes del periodo neoliberal hubo dos épocas bien diferenciadas: una, la del Desarrollo Estabilizador (1954-1970) y otra, la del Desarrollo Compartido (1970-1982). En la primera, la economía creció a una tasa anual promedio del 6.7 y el PPC en un 3.3 por ciento; en la segunda, el crecimiento de la economía fue del 6.2 y del PPC del 3.1 por ciento.

Los defensores del modelo neoliberal aseguran que este crecimiento se logró con malos resultados macroeconómicos que, a la postre, provocaron las crisis económicas recientes.

En efecto, durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo hubo excesos en gasto público, déficits fiscales, desequilibrio en la balanza comercial, devaluaciones, inflación y crecimiento excesivo de la deuda externa. Pero, en el periodo anterior, conocido como el del Desarrollo Estabilizador, aunque se padeció del mal endémico de la desigualdad, México creció a una tasa de casi 7 por ciento anual en forma constante, y con estabilidad macroeconómica en precios y finanzas públicas.

Lo cierto es que a partir de 1983, la conducción de la política económica ha sido un rotundo fracaso. Aun si aceptamos que el periodo llamado del Desarrollo Compartido produjo graves desequilibrios, es inadmisible que, luego de más de dos décadas del llamado cambio estructural, todavía padezcamos el estancamiento de la economía.

Pero más allá de estas ideas, tal hecho se reafirma a lo largo del documento (especialmente en los capítulos donde se aborda el desarrollo económico), donde se apuesta a las estrategias de crecimiento simple con combate a la pobreza.

En contraste, Un México para todos propone un cambio profundo y moderno de la anquilosada estructura que sostiene el desarrollo del país, de modo tal que involucre al conjunto de las actividades y sectores (reconstrucción de las economías regionales; reestructuración del sector agropecuario; formulación de una política estratégica industrial, manufacturera y artesanal; fortalecimiento del sector terciario de la economía, restitución de la capacidad gubernamental para el fomento productivo, rescate y fortalecimiento de la investigación científica, entre otros), considerando el escenario de la globalización, de modo tal que se aprovechen las ventajas propias y se reduzcan los riesgos de retroceso y, en última instancia, de desestabilización económica que supone la competitividad internacional.

IV
SOBERANÍA NACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR

En el asunto de la soberanía nacional –claramente relacionado con la política exterior-, el enfoque difiere en ambos documentos. Ello es así porque Un México para todos ofrece al lector una visión general del mundo actual, de cómo se organizan y operan los países y los organismos internacionales, de los impactos en el desarrollo y la soberanía de México como resultado de su integración en ese todo, particularmente por cuanto se refiere a su vecindad con Estados Unidos.

El tema se ubica en primer (ísimo) lugar, porque se trata de dejar claro a los mexicanos que, mientras no se recupere y fortalezca la soberanía nacional (“subsumida”, “secuestrada” por los intereses de los países poderosos y, en particular, por los Estados Unidos), resulta imposible (o casi) el impulso de un proyecto de país distinto, de un modelo de desarrollo nacional realmente alternativo.

En el caso del Proyecto alternativo de nación, no existe esa visión. Es decir, no ofrece al lector los elementos para ubicar e interpretar la situación de México y sus consecuencias en el contexto mundial. El tema se incluye en los capítulos Política Exterior (14) y La relación con Estados Unidos (15), y se expone a grandes rasgos de la siguiente manera: Sin la ubicación clara del fenómeno, se transita directamente a la propuesta que se apega casi exclusivamente a un válido pero insuficiente concepto tradicional de política exterior (autodeterminación, multilateralismo, no intervención, cooperación) y, por “razones obvias” –se dice-, de respeto y cooperación con Estados Unidos (“colaboración, buena vecindad, respeto mutuo”). Con ese país se privilegia un solo tema: los derechos de los migrantes.

Se dice que Estados Unidos ha “aprovechado” los “errores” de nuestros gobiernos para obtener ventajas (la necesidad de legitimidad política de Salinas y la debilidad del gobierno de Zedillo por la crisis de 1995, que los “obligó” a “doblarse” ante el exterior). Se infiere que se trata entonces de no cometer tales errores y evitar así “doblarse”. Además, se propone como resolución del fenómeno aprender y practicar los “buenos ejemplos” históricos de política exterior (Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos), y de rechazar los “malos ejemplos” (la locuacidad protagónica y despilfarradora de Vicente Fox, que nos recuerda a López Portillo y Luis Echeverría).

Errores más y protagonismos menos, es evidente que los citados gobernantes no se “doblaron” ante los dictados del exterior, sino que fueron y son promotores principales de intereses concretos en la trama de “doblar” (subordinar) conciente y voluntariamente al país ante el exterior, debilitando así su soberanía, independientemente de sus circunstancias específicas y de su manera personal de gobernar. Se trata de gobernantes no solo incapaces, sino de traidores a la patria.

Y se expresa, a “modo de ejemplo”, otro ejemplo a modo, que es revelador:

Roosevelt cuestionó públicamente las posiciones de sus adversarios políticos, quienes exigían mantener al Estado fuera de la economía. En la práctica, adoptó medidas que aumentaron en grado considerable la presencia e influencia del poder público en todos los ámbitos de la vida estadounidense, sin afectar las bases de la economía de mercado ni los principios de democracia que rigen ese sistema político.

Los preceptos básicos de aquella política fueron, entre otros: promover obra pública para reanimar el empleo; subsidiar los precios agrícolas para frenar la ruina de los granjeros; unificar y desarrollar las políticas asistenciales para reducir la pobreza; controlar los servicios y los transportes públicos para moderar sus precios; someter las instituciones financieras a un riguroso control público, así como reglamentar las relaciones entre capital y trabajo para estimular la producción industrial y mejorar, al mismo tiempo, las condiciones de vida de los trabajadores.

Con este "nuevo pacto" el -New Deal-, Roosevelt frenó los efectos más nocivos de la crisis y generó esperanza en su pueblo para las transformaciones futuras.

Durante su administración aplicó una política de buena vecindad con los países del continente americano. Entonces se definieron los principios de cooperación económica y política, se reconoció la soberanía de Cuba y Panamá y se ordenó la retirada militar estadounidense de Nicaragua y Haití.

La autenticidad de esta política tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. En esa época en México, el gobierno del general Cárdenas emprendió reformas profundas que, en algunos casos, afectaron intereses particulares de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, las diferencias se resolvieron mediante el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración con dignidad.

La historia nos enseña que la relación entre nuestros países nunca ha sido y no fue, tampoco en esa época, de ninguna manera miel sobre hojuelas ni que Estados Unidos haya contenido de pronto sus afanes imperialistas con respecto a América Latina. Quizá nadie mejor que Henry Kissinger para exponer, desde los intereses norteamericanos, en qué consistió la estrategia de política exterior de Roosvelt: convertirse en el centro hegemónico del nuevo orden mundial en una disputa de equilibrio de intereses principalmente frente a Europa, entre la primera y la segunda guerras mundiales, razón por la cual debió moderar su política de fuerza en contra de México y el resto de Latinoamérica, pues requería de estabilidad y de aliados en la zona, de calma y amigos en su famoso traspatio concebido como una zona estratégica de seguridad en el umbral del nuevo conflicto militar internacional.

Pero más allá de eso, es claro que el New Deal aparece como una base de inspiración en el documento del Proyecto alternativo de nación: un nuevo pacto social para impulsar una política desarrollista tradicional, inspirada esencialmente en una estrategia aplicada hace décadas con centro en Estados Unidos.

A partir de estos enfoques notoriamente diferenciados, cada documento expone sus propuestas.

En congruencia con su enfoque, Un México para todos propone la necesidad de que el Estado nacional se involucre en la transformación del orden mundial, de los organismos internacionales que son utilizados para someternos, de defender nuestros derechos en los tratados económico-comerciales, de acotar a la empresas trasnacionales, de modificar nuestra relación con Estados Unidos, de cambiar las leyes y las instituciones que deciden nuestra política exterior, entre otros asuntos. Es decir, se trata de precisar que la recuperación plena de nuestra soberanía y, por tanto, la posibilidad de impulsar un modelo de desarrollo transformador (“propio”), pasa necesaria, inevitablemente, por una lucha y una determinada política internacional de alianzas, particularmente de carácter continental, para lo cual ciertamente es condición necesaria, pero insuficiente, el compromiso, la voluntad del poder Ejecutivo, entre muchos otros actores con atribuciones de poder y decisión.

En el caso del Proyecto alternativo de nación, como ya señalamos, de acuerdo con su enfoque, propone ejercer una política exterior y una relación con Estados Unidos de corte tradicional, que describimos líneas arriba en su esencia; así como un modelo desarrollista que ya referimos, como si el tiempo se hubiera detenido y la realidad no hubiera cambiado.

V
LA NACIÓN MEXICANA

En el asunto del tipo de nación que se propone construir, a nuestro juicio se expresan nuevamente dos maneras de concebir el fenómeno:

La de Un México para todos que reconoce que el nuestro ha sido, es (y sobre todo que deberá seguir siendo) un país constituido por etnias y culturas diversas, cada cual con su aportación, y que se trata por tanto de tejer sobre los derechos entre diversos. Se convoca explícitamente a concebir y construir una nación pluriétnica y pluricultural. Se expone y se explica con claridad a los mexicanos en qué consiste esencialmente el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y, por tanto, se convoca, se propone, se compromete a reparar puntualmente, con nombre y apellido, tal hecho.

A su vez, la del Proyecto alternativo de nación se asume como una visión que convoca integrar a los pueblos indígenas al desarrollo y al bienestar social, a la vez que a hacer valer sus derechos por la vía de los Acuerdos de San Andrés, sin involucrarse en sus “detalles”.

No es casual que Un México para todos ubique en orden de prioridad la caracterización y las estrategias para un tipo determinado de nación: Pluriétnica y pluricultural, que en el Proyecto alternativo de nación equivale al capítulo (6) Pueblos indígenas: una deuda histórica. Resulta obvio en el desarrollo del tema que el enfoque y la conceptualización, evidencian maneras diferentes de “concebir (y “resolver”) la cosa en sí”. Por más importante que sea la coincidencia en ambos documentos, el fenómeno no se reduce en un sentido amplio, con mucho, a la cuestión de los pueblos y comunidades indígenas.

Aunque sea, en efecto, la prioridad y se trate de una deuda histórica, el asunto no se limita a “integrar” a los pueblos y comunidades indígenas, sino que ellos (entre sí diversos) y otros (también diversos) -que no entre “ellos” (minoría) y “otros” (mayoría)- , somos, construimos y defendemos una nación de etnias diversas y culturas plurales. Incluir tal “definición” de nación en el artículo 2º. de la Carta Magna es el resultado de una lucha trascendente que debe ser parte del recuento (la memoria, la recuperación) y de las enseñanzas de la historia de México. Ciertamente, la lucha por esta identidad nacional, forma parte de la lucha por la recuperación y fortalecimiento de la soberanía y de la capacidad de autodeterminación del país, incluyendo los migrantes dispersos en el orbe, pero concentrados en Estados Unidos.

La “cosa en sí” no está resuelta. De ello forman parte, como prioridades ciertamente, tanto los Acuerdos de San Andrés (los derechos) y la “justicia social”, el “combate a la pobreza”, como señala el Proyecto alternativo de nación, pero como queda expresado en Un México para todos, la resolución de la “cosa en sí” es mucho más que eso: Se trata transformar la legislación secundaria, la de las entidades federativas, la constitución del Estado mismo y de las instituciones, la organización política del país, para hacer realidad dicho precepto constitucional.

VI
POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL

Desde un razonamiento formal, se supondría que dos propuestas emanadas de una misma matriz político-ideológica debieran asemejarse, quizá hasta ser gemelas, en materia de política social, más aún tratándose de un organismo político progresista y de izquierda como se supone que es el PRD. No es ese sin embargo el caso, cuando se analizan y contrastan con detenimiento las propuestas en discusión: Un México para todos y el Proyecto Alternativo de Nación.

Ello es así en la forma y en el fondo. En Un México para todos existe un capítulo explícito respecto de los derechos sociales universales (3. Sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza), mientras que en el Proyecto alternativo de nación no existe tal capítulo, lo cual no quiere decir que no se hagan algunas referencias al respecto en diferentes capítulos y apartados del documento (por ejemplo, en el capítulo 7). Esta diferencia de forma (en la estructura del documento, en la concepción teórica de la propuesta), a nuestro juicio tiene un significado que no es menor y que se redimensiona cuando se analiza el fondo de la cuestión.

En Un México para todos se dice que, ciertamente, los principales derechos sociales universales están inscritos en la Constitución Política del país, pero que no se cumplen. Otra vez: que la “cosa en sí” no está resuelta y, por tanto, se convoca a comprometerse en resolverla. Por tanto y en coherencia con la matriz político-ideológica que identifica a la izquierda, se establece explícitamente el compromiso de su cumplimiento, en tanto derechos humanos esenciales. Para que no quepa duda alguna, se explicitan los derechos en cuestión: al trabajo con salario digno; a la educación pública laica y gratuita; a la salud y la seguridad social; a la vivienda digna; a la alimentación; a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y para los adultos mayores.

Ello conduce lógicamente a la siguiente propuesta: la construcción de un Estado socialmente responsable que respete y haga que se cumplan los derechos sociales, requisito fundamental para combatir la enorme desigualdad que impera en la sociedad.

Pero aún más, para que tal objetivo sea posible se requiere transformar, fortalecer y consolidar las instituciones sociales cuya misión es enfrentar esos problemas, y cuya prioridad inicial debe ser reducir la desigualdad y superar la pobreza, generando bienestar para todos. En este sentido y para hacerlos exigibles se propone, por ejemplo, transformar la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un organismo que también vigile y garantice el cumplimiento de los derechos sociales.

Y se responde igualmente a la interrogante de los recursos financieros para alcanzar el objetivo: redefinir las prioridades del presupuesto y el gasto público a favor de la política de derechos sociales universales; e impulsar una reforma fiscal equitativa que fortalezca sustantivamente las finanzas del Estado para atender al conjunto de las necesidades del desarrollo nacional.

Finalmente, ofrece un diagnóstico básico y un perfil general de las políticas públicas que deberán impulsarse para lograr gradualmente el cumplimiento de los derechos sociales universales.

Así las cosas, el capítulo en cuestión se integra como prioridad en Un México para todos de manera explícita, coherente y articulada.

Como ya señalamos, ese no es el caso en el Proyecto alternativo de nación. Es decir, sin introducirnos por ahora en los “detalles”, señalamos, sencillamente, que no hace referencia explícita alguna al compromiso de impulsar una política social sustentada en los derechos sociales universales. Por ende, no cabe esperar una formulación coherente y agregada en ese sentido, sino referencias dispersas y desarticuladas.

Ciertamente, convoca al impulso de un Estado social y democrático derecho, pero lo define de la siguiente manera:

El Estado tendrá que asumir una función activa en la promoción del desarrollo y, a la vez, favorecer la participación de la sociedad civil en esa tarea.

No se trata de volver a etapas anteriores: no se propone un Estado interventor, omnipresente, rígido y verticalista, sino un Estado suficiente -activo pero no aplastante- que renuncie a sus tendencias autoritarias y favorezca las iniciativas sociales. Se trata, en suma, de un Estado social y democrático de Derecho.

Es falso plantear que el Estado debe diluirse en beneficio del mercado, entre otras cosas, porque el mercado tiene un papel distinto al del Estado. El mercado se hizo para intercambiar mercancías en función de la ley de la oferta y la demanda; en cambio, una de las obligaciones del Estado es establecer equilibrios entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco.

En suma, el mercado es eficaz para la creación de la riqueza pero no sirve para gobernar ni para distribuir los beneficios, como tampoco para impartir justicia o establecer equilibrios entre desiguales.

Sin adentrarnos en un análisis más fino de las anteriores ideas, es nuestro interés por ahora señalar que no se hace ninguna mención a los derechos sociales universales ni a un Estado que los respete y garantice. Se refiere, simplemente, a establecer equilibrios entre desiguales a través de distribuir e impartir justicia (suponemos que social) desde el Estado.

Este “vacío” en torno de los derechos sociales universales y la “vaguedad” en la caracterización del Estado que se propone, se “compensa” con un capítulo de política asistencial (7. Por el bien de todos, primero los pobres), en el que se entrevera desdibujadamente la protección social de por vida. Y es aquí donde los conceptos de la desigualdad y la justicia reaparecen, pero no abiertamente como una cuestión de derechos sino como de política pública asistencial para el combate a la pobreza. Es aquí donde se revela a plenitud el tipo de Estado que se quiere: el que combate la pobreza, tal cual. Ello es así porque se dice:

Como punto de partida, sostenemos que el país no será viable si persiste la enorme desigualdad. Es un imperativo ético, pero no sólo eso, sin justicia no hay garantía de seguridad ni de tranquilidad ni de paz social.

Nadie, ni siquiera los muy prósperos, por la lógica más elemental, podría dejar de considerar esta realidad lacerante. La pobreza no sólo debe darnos vergüenza sino que debe preocuparnos a todos.

La fraternidad no sólo tiene rostro humano sino que es la manera más eficaz para garantizar la tranquilidad y la seguridad públicas. Por eso, volvemos a postular que "por el bien de todos, primero los pobres".

Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos y debe entenderse que no es producto de la fatalidad o del destino. En buena medida, la pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social.

Admitamos que el Estado -en cualquier parte del mundo- es fundamental para el bienestar de la población y, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia.

Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal: al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando a la justicia social de la agenda de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos.

El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundaría en mejor educación, salud y calidad de la vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar.

La propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno, en el que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores.

Ese Estado igualitario y fraterno debe concebir como ideal la protección de las personas a lo largo de su vida, garantizando el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la vivienda.

La formulación de éste último párrafo se asemeja más a una coartada para justificar la política asistencial que se define previamente y en las propuestas “puntuales” que continúan la exposición, que a un planteamiento serio de reivindicación de y de compromiso con los derechos sociales universales; y, por tanto, con la construcción de un Estado socialmente responsable más que redentor de la pobreza. Pero además, aún en este párrafo, el concepto en cuestión (derechos sociales universales) es “sustituido” por la frase: la protección de las personas a lo largo de su vida.

La necesaria superación de la pobreza, efectivamente desde la decidida intervención del Estado y con sustento, entre otras, en una política social compensatoria, asistencial y temporal no debe confundirse y, menos aún, sustituir a una política de derechos sociales universales. Siendo sin duda prioridad una política equitativa y justa para la población en situación de pobreza, no debe evadirse el hecho de que los derechos sociales universales son válidos para todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica. Son derechos de los seres humanos sin excepción. De ahí que resulte cuando menos inconsistente la formulación que dice:

El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundaría en mejor educación, salud y calidad de la vida en general.

Sin duda, pero la formulación socialdemócrata o de las izquierdas establece, con toda claridad, que los satisfactores sociales son derechos sociales y humanos, por más articulados que estén al mercado laboral y a la política salarial de una economía de mercado. Es decir, que deben ser satisfechos independientemente de si los seres humanos tienen o no empleo e ingresos.

La “confusión” teórico conceptual se despliega plena en el complemento de la formulación que dice: Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar.

La idea que se “intenta” expresar, deducimos, es la del Estado de Bienestar; del Estado que provee los satisfactores básicos de bienestar para los ciudadanos. De acuerdo, pero para todos y en cualquier circunstancia, no solo para los pobres y únicamente cuando haya pobreza. Los derechos sociales universales; es decir, la garantía de los satisfactores humanos esenciales, es válida independientemente del grado de pobreza y de desarrollo de un país. Una nación sin pobres o muy rica, igualmente debe garantizar desde el Estado los derechos sociales universales, porque son derechos humanos, exigibles más allá del modelo de producción o de desarrollo económico de un país.

Pero el “enredo” teórico y conceptual del que adolece el Proyecto alternativo de nación, se “desenreda” cuando se ofrecen las propuestas “puntuales”. Sin ambages, se trata de una política asistencial de combate a la pobreza. Por ejemplo, tanto en el caso de las personas adultas mayores como en el de las discapacitadas, para Un México para todos se trata de comprometerse y promover un conjunto de derechos y oportunidades para su desarrollo integral, mientras que para el Proyecto alternativo de nación la propuesta se reduce esencialmente a una asistencia monetaria.

En este capítulo el Proyecto alternativo de nación reconoce, como Un México para todos, que el de la salud es un derecho social constitucional pero que no se cumple. Y señala que para cumplirlo se impulsará un programa de atención médica y de medicamentos gratuitos. Es decir, no se propone, como en el caso de Un México para todos, que las personas accedan a la salud y a la seguridad social en su sentido de derecho consagrado en la Constitución, sino que sea por una vía distinta, lo cual hace nugatorio su derecho, por más que se atiendan en un programa asistencial. En el caso de Un México para todos, el planteamiento es distinto: reformar el sistema integral de salud y seguridad social, de modo que todos tengan garantizado el mismo derecho por la misma vía, independientemente de su situación en el mercado laboral.

Y enseguida llegamos al clímax de la propuesta asistencial del Proyecto alternativo de nación: el Programa Nacional para el Desarrollo Social, que no es otra cosa que una copia al carbón del Programa Oportunidades de la actual administración, que recomendamos consultar al menos en su versión ejecutiva. Las “variaciones” que contiene el Proyecto alternativo de nación no cambian la sustancia de las cosas.

VII
FINANZAS PÚBLICAS

De nueva cuenta, nos encontramos ante enfoques y propuestas distintas, pero ahora en materia de finanzas públicas. Así, al nivel del enfoque para el Proyecto alternativo de nación el fenómeno se reduce a situaciones de evasión fiscal, influyentismo, privilegios fiscales y la corrupción. Para Un México para todos las cosas son mucho más complicadas e incluyen, entro otras elementos: la alta dependencia de las finanzas públicas de los recursos petroleros, el sostenimiento forzado del déficit fiscal, el manejo discrecional del gasto por parte del Ejecutivo Federal, la ausencia de compromisos a través del gasto con los derechos sociales universales, la nulidad de prioridades y jerarquías financieras, entre otros, además de la evasión y la corrupción.

Por tanto, para el Proyecto alternativo de nación la solución –dice textualmente- es muy sencilla: al combatir los males (evasión, influyentismo, privilegios y corrupción) el país ahorra tanto que con eso basta para financiar las necesidades del Estado, y para ello deben tomarse medidas administrativas y convocar al buen comportamiento, a la responsabilidad ciudadana con sus obligaciones fiscales y hacendarias (censo confiable de contribuyentes, simplificación en el pago de impuestos, castigo ejemplar a los corruptos, y la nada sencilla responsabilidad de estados y municipios para cobrar impuestos que ahora son federales, regir y ordenar el sistema tributario, y confiar en que el contribuyente pague impuestos).

Evidentemente, el problema de la hacienda pública y el sistema tributario requiere, además de esas, de soluciones mucho más profundas y complejas: una política impositiva que contribuya a corregir las desigualdades sociales, de modo que sea equitativa la relación entre las rentas del trabajo y las del capital; que reduzca la tributación del trabajo e incremente la del patrimonio; que incentive la inversión productiva y el trabajo profesional y autónomo; que introduzca principios de progresividad impositiva, equidad y suficiencia financiera del Estado para hacer efectivas las tareas de redistribución; que formule una profunda reforma fiscal para resolver la situación financiera de PEMEX y que regule su contribución al gobierno federal; que modifique el marco legal para establecer presupuestos multianuales, entre otras estrategias.

VIII
POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL

En materia de desarrollo rural, aunque similares en algunos aspectos, existen diferencias al nivel de diagnóstico, destacadamente las siguientes: Según Un México para todos, para comprender la situación de la crisis agropecuaria es imprescindible considerar los efectos de la contrarreforma agraria, hecho crucial que omite el Proyecto alternativo de nación. La conceptualización y la interpretación del fenómeno de la crisis rural relacionada con el TLC es más precisa en Un México para todos que en el Proyecto alternativo de nación, destacando el caso del maíz y la importancia de la riqueza genética del país.

Un México para todos asume como procedente el conjunto de las exigencias de los campesinos organizados y movilizados en torno de El campo no aguanta más, mientras que el Proyecto alternativo de nación solo hace referencia al sistema de “ingreso-objetivo”; por tanto no propone la moratoria al TLC, los programas emergentes de largo plazo, la reforma financiera integral, la aasignación de 1.5 % con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5 % con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural y la inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos (compromiso de producir alimentos sanos y de buena calidad), entre otras.

Un México para todos propone revertir la contrarreforma agraria, mientras que el Proyecto alternativo de nación no propone nada al respecto. La propuesta y el compromiso sobre una política de soberanía alimentaria como tal, transformando integralmente la política del sector orientada a este fin, mientras que el Proyecto alternativo de nación propone una política de fomento agropecuario y de la economía rural de autoconsumo, cultivos y tecnologías tradicionales para el mismo fin.

IX
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y POLÍTICA LABORAL

Un México para todos incluye el capítulo 10. Justicia y solidaridad para los trabajadores, tema que como tal omite el Proyecto alternativo de nación, aunque hace referencias parciales, sobre todo en el capítulo 8. Reforma al sistema de seguridad social, en lo cual coincide con el capítulo 15. Derecho a la salud y a la seguridad social, de Un México para todos.

Ciertamente, el asunto dista de ser menor, pues refiere los intereses de millones de personas que están en la base productiva y distributiva del país. Se trata, en pocas palabras de la clase trabajadora que, a juicio de Un México para todos, ha sido menospreciada por las políticas neoliberales y los liderazgos caciquiles que han minado progresivamente sus derechos, prestaciones y condiciones dignas de trabajo. La inclusión de un capítulo específico en Un México para todos pretende precisamente lo contrario: revalorarlos, restituyéndoles y fortaleciendo sus derechos, prestaciones y condiciones de trabajo. Los intereses de los trabajadores no se reducen, como pretende el Proyecto alternativo de nación, a una reforma de la seguridad social, sino además a una transformación integral y profunda del “mundo del trabajo”, tal y como propone Un México para todos. Es decir, una reforma profunda del mundo del trabajo, de modo tal que revalora, restituye y fortalece los derechos, prestaciones y condiciones de los trabajadores, incluida una reforma integral del sistema de seguridad social, del marco legal y de las instituciones relacionadas al mundo de trabajo. Ello incluye, entre otras cosas: la paulatina recuperación real de los salarios; la capacitación y la estabilidad en el empleo; la defensa de la contratación colectiva; el mejoramiento de la salud en el trabajo; el fomento de políticas de equidad de género; la protección a menores y adolescentes trabajadores; la impartición de justicia laboral pronta y expedita; y el rescate y fortalecimiento del derecho a la seguridad social y sus instituciones.
Además propone la renovación de los sindicatos: la elección democrática de sus dirigentes mediante el voto secreto y directo de las bases; la rendición puntual de cuentas ante los trabajadores agremiados sobre las cuotas y los bienes muebles e inmuebles que los sindicatos administran; el rechazo a cualquier intento de control corporativo, de imposición de afiliaciones forzosas a un partido político o de veto a otras corrientes o dirigencias por causa de su afiliación política.

X
GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES

Un México para todos integra el capítulo 11. Garantías individuales y sociales, mientras que el Proyecto alternativo de nación excluye el tema, lo cual es cuando menos incomprensible puesto que se trata de la vigencia y la defensa de los derechos humanos que, se reconoce, han sido violados sistemáticamente y de manera grave por los gobiernos de México, en particular por cuanto se refiere a los luchadores sociales y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Se trata de la procuración de justicia y de la conquista de la equidad y la igualdad social. Es decir, una política que rescate, promueva y fortalezca las garantías individuales y sociales, en el marco de la lucha por la defensa y el respeto a los derechos humanos, que incluye profundos cambios normativos e institucionales, relacionados con la democracia participativa, el federalismo equitativo, la autonomía y la reforma general del Estado.

XI
DEMOCRACIA PARTCIPATIVA Y GOBERNABILIDAD

Un México para todos integra el capítulo 17. Democracia participativa con estado de derecho, y el Proyecto alternativo de nación incluye el tema en 11. Democracia y gobernabilidad. Ambos documentos coinciden en que ha habido importantes avances democráticos. Sin embargo, Un México para todos es preciso al identificar críticamente los elementos del déficit democrático del país: el sistema electoral y de partidos, restricción del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ausencia de mecanismos de democracia participativa, presidencialismo, desequilibrio entre niveles de gobierno, entre regiones, anquilosamiento de los poderes legislativo y judicial, entre otros, que en conjunto expresan en una crisis generalizada del sistema político de la nación.

Mientras que el Proyecto alternativo de nación expone, de una parte, el perfil, el compromiso que debe tener la persona-gobernante con los valores de la democracia, donde se ejemplifica con la cita que arriba referimos de Francisco I. Madero; y por otro lado, se invoca a la relación entre poderes, pero con la misma tónica: la actitud que debe asumir la persona titular de un poder (en este caso, el Ejecutivo) frente a los otros poderes.

No se trata solo, como propone el Proyecto alternativo de nación, de que el Ejecutivo sea democrático y, por tanto, el garante, el “principal guardián” del sufragio efectivo, sino que esa garantía está asignada a un sistema normativo (poder legislativo) que debe perfeccionarse y a unas instituciones electorales autónomas (federales y estatales) que deben fortalecerse. En todo caso, el titular del Ejecutivo debe respetar esa normatividad y a ese otro poder autónomo --y proponer que se perfeccionen y se fortalezcan-, pues en caso contrario se situaría fuera de la ley y del marco institucional democrático. Es decir, la garantía del sufragio no reside (normativa e institucionalmente) en el poder Ejecutivo, sino en otros poderes soberanos y autónomos (el legislativo y el electoral) que el Ejecutivo debe respetar.

Además, la democratización y el fortalecimiento del sistema político y electoral, no se reduce al respeto del sufragio y, probablemente, del principio de no reelección, sino de algo mucho más profundo, como puede observarse en las propuestas de Un México para todos.

Vale decir que no basta pronunciarse (expresar la voluntad personal) por un ejercicio presidencial democrático para que el sistema político presidencialista que todavía prevalece se transforme de raíz. Tampoco basta un pronunciamiento democrático “desde el Ejecutivo” de respeto a la división y equilibrios de poderes, para que el sistema político se “comporte adecuadamente”.

Una nación democrática fuerte no puede sustentarse en la “buena voluntad” (por más necesaria y deseable que fuera) de ninguna persona, sino en la fortaleza de sus leyes e instituciones. De ahí que Un México para todos proponga, con toda claridad, el cambio del régimen presidencialista, por un régimen de Gobierno de Gabinete, para que la democracia en México nunca más esté atada a la buena o mala voluntad de la personas. Es por tanto, al menos curioso, que quien aspira al Ejecutivo se pronuncie “con todo respeto” por una necesaria reforma del Poder Judicial (que también vale para el Legislativo), sin antes proponer una profunda reforma del poder Ejecutivo (en este caso, “de sí mismo”).

Respecto de la reforma del Poder Judicial, existe una diferencia crucial entre ambas propuestas: así mientras Un México para todos propone la elección popular y democrática de sus titulares, condición sin la cual nunca podrán ser auténticamente independientes y autónomos del Ejecutivo, el Proyecto alternativo de nación propone una transformación interna de la institución que se comparte, por supuesto.

Al nivel de las propuestas, para el Proyecto alternativo de nación se trata de consolidar la democracia mexicana en tres líneas esenciales de acción: un ejercicio de gobierno y una relación democrática de división y equilibrio entre los poderes del Estado, garantizada por la vocación democrática de la persona titular del Ejecutivo; y una revisión integral de la relación entre niveles de gobierno.

Para Un México para todos la consolidación de la democracia en México se concibe con un criterio mucho más amplio que pasa por una profunda reforma del Estado e incluye explícitamente a un nuevo actor con un rol protagónico: la sociedad que no aparece en el Proyecto alternativo de nación, en tanto sujeto que es parte crucial en la toma de decisiones más allá del sufragio electoral. Ese “nuevo sujeto” debe ser incluido con todas la de la Ley y con el respaldo de instituciones específicas, tal y como propone Un México para todos.

Ahora bien, estando de acuerdo en que el fortalecimiento de la democracia mexicana pasa por una revisión y una transformación de la relación entre niveles de gobierno, cabe decir que el tema lo abordamos más adelante. Sin embargo, vale decir que en este mismo apartado, Un México para todos reitera una propuesta crucial: la necesidad de la autonomía municipal, como condición necesaria para que la relación entre niveles de gobierno tenga un auténtico y profundo sentido democrático, hecho que no se incluye en el Proyecto alternativo de nación. Por otra, se comparte la importancia de la política hacendaria para el fortalecimiento de dicha relación democrática, pero el tema también se analiza a profundidad en otros espacios de este trabajo (Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo y Federalismo equitativo y municipio libre).

XIII
FEDERALISMO Y MUNICIPIO

El análisis de la relación entre niveles de gobierno integra al menos los siguientes aspectos cruciales: el político y el financiero para el impulso del desarrollo económico y social. De modo que, en el caso de Un México para todos, está relacionado con los capítulos 6. Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo y 20. Federalismo y municipio. A su vez, en el Proyecto alternativo de nación se relaciona con los capítulos 11. Democracia y gobernabilidad (apartado Nuevo federalismo) y 18. Combate a la evasión fiscal y reorganización del sistema tributario. De modo que el ejercicio se realiza con esa consideración.

Así, en el caso de Un México para todos el capítulo 20 se refiere, principalmente, a la relación político-democrática entre niveles de gobierno, colocando el acento en el fortalecimiento de la libertad y la autonomía municipal. En contraste, en el apartado de Nuevo federalismo del capítulo 11, el Proyecto alternativo de nación coloca el énfasis en la cuestión fiscal y financiera, que es el tema del capítulo 6 (Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo) de Un México para todos, pero en un sentido mucho más amplio y correspondiente al capítulo 18 del Proyecto alternativo de nación.

XIV
POLÍTICA AMBIENTAL

Al análisis de la vertiente ambiental del desarrollo sustentable le imprimimos otro tratamiento debido a que sus elementos de enfoque y las propuestas respectivas atraviesan muchos capítulos de ambos documentos.

Un México para todos integra, además de capítulos específicos sobre sustentabilidad ambiental y sobre sustentabilidad tecnológica, diversos planteamientos relacionados al ambiente en los siguientes capítulos: “País soberano en un mundo de integración”, “Otro patrón de desarrollo económico”, “Economía sustentable”, “Desarrollo rural”, “Desarrollo tecnológico con sustentabilidad ambiental y social”, “Garantías individuales y sociales”, “Educación”, “Cultura”, “Estado socialmente responsable”, “Regulación social de lo público, lo privado y lo comunitario”, “Territorio integrado y medio ambiente sustentable”, y “Nueva constitucionalidad”.

De manera parcial, el Proyecto alternativo de nación establece algunas directrices encaminadas más hacia la explotación tradicional de los recursos naturales, que a una política que incluya la conservación del ambiente, en los siguientes capítulos: “Desarrollo con apego al interés nacional”, “la nueva estrategia económica”, “impulso a la industria de la construcción”, “fomento al turismo”, “producción pesquera”, “el rescate al campo”, “pueblos indígenas”, “educación” y “cultura”.

En primera instancia, destaca el hecho que Un México para todos establece un capítulo específico sobre el reconocimiento de la crisis ambiental que existe en el territorio nacional y la política pública respectiva, mientras que el Proyecto alternativo de nación no lo incluye, salvo una breve referencia en capítulo sobre desarrollo rural.

Un México para todos reconoce que la inequidad social está íntimamente relacionada al modelo y a las políticas de desarrollo neoliberal que se traducen el uso abusivo de los recursos naturales y el medio ambiente. Es por ello que se pronuncia por una política que reconoce y promueve la sustentabilidad para las presentes y futuras generaciones y, en ese sentido, se pronuncia por un proceso de planificación del largo plazo que involucra a los derechos difusos reconocidos en la constitución política.

En contraste, el Proyecto alternativo de nación no tiene esta visión desde el planteamiento mismo del problema. La referencia en su introducción relacionada con la sustentabilidad ambiental y de los recursos se limita a la problemática del sureste mexicano, como si tal no fuera un fenómeno en todo el territorio nacional.

Un México para todos reconoce el impacto del TLC relacionado con la destrucción a mediano plazo de la base de recursos genéticos asociada a los productores que deben abandonar el cultivo del maíz. Asimismo, reconoce que el desplazamiento del uso de semillas criollas por híbridos de altos rendimientos produce la erosión genética, un efecto negativo sobre el medio ambiente y los recursos naturales y severo impacto en el tejido social y cultural, ahí donde florece la diversidad genética del cultivo, así como la destrucción del acervo de conocimientos relacionados con el uso y destino de las semillas en cuestión.

Entonces, Un México para todos propone que, dada la incertidumbre científica respecto de los efectos de los cultivos transgénicos sobre la biodiversidad y la salud humana, nuestro país deberá adoptar el principio de precaución respecto a la investigación, producción, comercio y consumo de organismos genéticamente modificados, para lo cual deberemos promover iniciativas legislativas pertinentes. Al respecto, el Proyecto alternativo de nación no hace mención alguna, pero acertadamente aboga a favor del fomento de la agricultura orgánica.

El Proyecto alternativo de nación refiere reiteradamente la explotación de los recursos energéticos para fomentar el desarrollo; sin embargo, en la política energética no menciona las energías alternas y no contaminantes. En este sentido, se infiere la preferencia al impulso de energías tradicionalmente contaminantes sobre las energías limpias.

Un México para todos reconoce y propone alternativas a los siguientes elementos que se omiten en el Proyecto Alternativo de Nación:

* Revertir los impactos de la expansión urbana, recuperando el rol normativo y regulador del Estado para que los desarrollos inmobiliarios asuman los costos de las externalidades y los impactos ambientales.
* Recuperar e incorporar las zonas rurales al desarrollo nacional, mediante la reconstrucción gradual de las economías regionales sustentables y equilibradas y mediante la ejecución de proyectos que consoliden ventajas competitivas a través de cadenas de valor agregado con alto componente intelectual, pues no existe un impedimento formal ni social para que las actividades industriales e intelectuales se realicen en zonas rurales.

*Reconocer y comprometerse con los propuestas emanadas del movimiento El Campo no aguanta más, principalmente por cuanto se refiere a la asignación de 1.5 % con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural y el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios.

* Ordenación general del territorio que identifique y reconozca los diversos usos sustentables del suelo. En esa lógica, propone revisar tanto el artículo 27 constitucional para, entre otras cosas, garantizar el acceso legal de la población al suelo urbano, como la legislación sobre Asentamientos Humanos y el Equilibrio Ecológico para lograr una visión territorial integrada que evite la duplicación y superposición de acciones y la falsa separación entre medio natural y medio urbano. En el mismo sentido, propone ajustar la legislación sobre Planeación Democrática, Asentamientos Humanos, y Programación y Presupuesto, para garantizar que la asignación territorial del gasto obedezca a una visión integral del desarrollo.

* Modificar los esquemas de tarifas aplicados a los servicios públicos de agua que garanticen su progresividad en función de la magnitud y el tipo de consumo, y establecer subsidios cruzados para lograr la autosuficiencia y la equidad.

*Impulsar una reforma fiscal con sentido social para fortalecer las finanzas locales y permitir, así, que los municipios cumplan con las atribuciones y funciones ambientales que la legislación les confiere.

*Aprovechar el territorio nacional y los recursos naturales para garantizar la autosuficiencia alimentaria, la producción agropecuaria y forestal, y elevar el nivel de bienestar de los campesinos, sin poner en peligro el equilibrio ecológico y la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras.

* Mantener los recursos energéticos bajo el control del Estado explotándolos racionalmente; sustituyendo paulatinamente la exportación de crudo por la de productos elaborados y desarrollando la utilización de fuentes alternas de energía.

* Disminuir la sobreexplotación de los acuíferos mediante la captación y aprovechamiento de la precipitación pluvial, la separación y tratamiento de aguas negras y pluviales, el reuso de aguas tratadas, la eliminación de fugas en las redes y el establecimiento de volúmenes máximos de consumo.

* Anticiparse al intenso proceso de metropolización para ordenar el crecimiento de las ciudades y ofrecer condiciones adecuadas a la producción, la convivencia y la reproducción social, aplicando una política preventiva que disminuya los efectos de los desastres de origen natural en el territorio.

* Valorizar la prestación de servicios ambientales para proteger el equilibrio ecológico y evitar la expansión de la frontera urbana. La práctica de densificar las áreas ya urbanizadas permitirá reducir la presión sobre el suelo de conservación, necesario para mantener la sustentabilidad ambiental.

* Controlar el uso del subsuelo y del espacio aéreo, tanto por sus implicaciones operativas como por su necesaria aportación fiscal.

* Privilegiar el transporte colectivo sobre el individual implica, además de canalizar los recursos disponibles a la construcción de sistemas de transporte colectivo rápido, eficiente, cómodo y seguro, aplicar costos crecientes al uso privado de la vialidad, para evitar el estacionamiento en la vía pública y la congestión de las calles, a lo que contribuirá también la peatonalización de áreas comerciales de actividad intensa y el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no contaminante, como el tranvía y el trolebús.

* Avanzar hacia una gestión estatal responsable y eficiente de los recursos naturales propiedad de la nación. Los casos donde el uso de estos bienes públicos sean concesionados a las empresas deben significar el retorno de parte de los beneficios a la sociedad mediante impuestos sobre las rentas del suelo y las ecológicas, de valorización por obras públicas y sobre la plusvalía generada colectivamente, tarifas que recuperen el precio de producción —costo y ganancia media— y cubran el subsidio que el Estado otorgue a los sectores empobrecidos, y las transferencias especiales de fondos para el desarrollo a las regiones y municipios que aportan los recursos naturales esenciales.

* En la renovación constitucional, revisar las reformas de los dos últimos decenios, en particular las referentes a las formas de tenencia de la tierra y los derechos agrarios; el acceso al suelo urbano; y el control de la nación sobre los recursos.

En síntesis, Un México para todos presenta un enfoque y una propuesta mucho más elaborada en materia de política ambiental para la nación, ya que no sólo integra el tema casi exclusivamente desde el ámbito rural y solo de manera enunciativa, como lo hace el Proyecto alternativo de nación, sino que “desmenuza” los diversos contenidos que van desde los compromisos internacionales surgidos desde 1992 en la Cumbre de Río, ratificados en 2000 con la Cumbre de Johannesburgo, así como con los compromisos del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Del análisis se infiere que el Proyecto alternativo de nación promueve propuestas que atienden a un enfoque de desarrollo ambiental que fue vigente en la década de los 70 y principios de los 80s, incluida la terminología utilizada en su formulación.

XV
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Resulta completamente lógico, tanto en la forma como en el fondo, que la propuesta de Un México para todos concluya, cierre o culmine con una idea crucial: la necesidad de formular una nueva Constitución para el país que entrañe una profunda reforma del Estado, mientras que el Proyecto alternativo de nación no se ocupa del tema, lo que resulta inconsistente por donde quiera que se vea.

La clave para entender el asunto está en la siguiente idea expresada en Un México para todos:

Es imperativo formular una nueva constitución porque ¿cómo realizar un Proyecto Alternativo de Nación, Un México para todos, con una Constitución reformada en los últimos 25 años para adecuarla al patrón de acumulación neoliberal y de globalización conducido por los grandes intereses financieros multinacionales; es decir, en sentido contrario? ¿Cómo construir, con ese estatuto jurídico que ha dado lugar a innumerables leyes secundarias con el mismo signo, un Estado Socialmente responsable, un Estado Benefactor y de Derechos Sociales?

Y en estas otras:

La Constitución en su estado actual no puede garantizar la transición plena a la democracia participativa, ni satisfacer las aspiraciones de la mayoría de los mexicanos. No está actualizada, pues no responde a los más ingentes problemas que agobian en distintos ámbitos de la vida social, incluidos el ejercicio y respeto plenos de aquellas nuevas garantías.

Es pertinente convocar aquí, textualmente, algunas de las ideas que expresó la periodista Beatriz Pagés en su discurso el 5 de febrero de 2005:

El capítulo 25, el último de “Un México para todos”, es una delicia, un canto a los sueños de un revolucionario innovador. En él se aborda la necesidad de tener una nueva constitucionalidad. Desde hace más de dos décadas -dice uno de los párrafos-, comenzó un torpedeo sistemático y conciente reconocido por las altas autoridades del Estado a la obra de la revolución. Por lo anterior -se agrega- es preciso realizar una cuidadosa y exhaustiva revisión de la Carta Magna para restaurar su condición de Constitución Política.

Como punto de partida se subraya, que esta revisión integral deberá: Respetar, consolidar y ampliar las conquistas consagradas en la Constitución de 1917; un régimen semipresidencial, en el que el jefe de gabinete designado por el Presidente y aprobado por el Senado, se encargue de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; una fórmula propuesta para dar obligaciones constitucionales a los secretarios de Estado. Obligaciones constitucionales que en este momento no tienen para garantizar una mayor gobernabilidad de la que hoy existe o que no puede existir a causa del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. También señala el establecimiento de la nacionalidad latinoamericana. Es decir, el reconocimiento de derechos comunes para los latinoamericanos. Aboga por la elección de los procuradores de justicia por voto popular; la incorporación de principios para regular la operación de los medios de comunicación; una reforma territorial; la transformación del Distrito Federal en estado 32 de la federación; elevar a rango constitucional la figura de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, iniciativa popular; crear espacios para que la ciudadanía participe en procesos legislativos, entre otras aportaciones que hace esta “revolución de terciopelo” llamada “Un México para todos”.

Finalmente, cabe citar otra vez a la periodista Beatriz Pagés cuando dijo:

En Un México para todos están, cuando menos en parte, las propuestas estratégicas para convocar y orientar al país hacia una revolución de “terciopelo” en el sentido de que contiene “...la sustancia y el perfil de la izquierda moderna, nutrida en la inteligencia y el conocimiento. Una izquierda sin temor a ser cosmopolita. Abierta al avance científico y tecnológico. Proclive en síntesis, al mundo y al cambio, condiciones claras para resolver, sin menoscabo de la soberanía, el fortalecimiento de la industria eléctrica y petrolera, capaz del fortalecer al estado mexicano en lo social y al mismo tiempo crear las condiciones para tener una iniciativa próspera y comprometida con la nación.”

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De acuerdo con lo anterior, a nuestro juicio, es importante desatar el debate abierto, democrático, sin cortapisas, y en el tiempo pertinente, porque ello permite dirimir la diferencia entre lo “útil” y lo “necesario”. La articulación de voluntades que se construye sobre bases endebles es necesariamente efímera y, al final, debilita las condiciones para alcanzar los objetivos.